León lidera la supresión de puestos de maestros con 22 plazas de las 73 de la comunidad

La propuesta inicial de la Junta con la plantilla jurídica para los docentes era la supresión de 20 maestros que actualmente daban clases en institutos, como consecuencia del cambio provocado por la Logse y el salto de los alumnos de los colegios a los IES a los 12 años en lugar de a los 14 como ocurría antes al finalizar la etapa de EGB. También preveía la eliminación de 84 maestros en centros de Infantil y Primaria, principalmente en el medio rural por la falta de alumnado, el cierre de unidades y la «insuficiencia de horario». Por el contrario, la idea de la Consejería era la creación de 46 puestos en Enseñanzas Medias como los institutos de Secundaria y Formación Profesional. Es decir, el saldo entre la supresión y la creación de puestos era de -58.

Con el borrador de Educación, las provincias más afectadas por los recortes y ajustes de las plantillas docentes eran León (saldo negativo de 16), Salamanca (-15) y Ávila (-13), seguidas de Zamora (-7), Segovia (-5) y Palencia y Valladolid (-2, en cada caso). Soria se mantenía igual, al compensar la pérdida de cuatro maestros con la creación de otros tantos en Secundaria. Burgos era el único territorio con un balance positivo, al contar con dos puestos docentes más.

La negociación de la Consejería de Educación con los sindicatos de cada provincia –a la que solo acudieron el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Castilla y León (Stecyl) y Anpe- ha permitido reducir la pérdida de plantilla, hasta el punto de que el saldo negativo (-58) se ha convertido en positivo (+12) al existir más puestos creados que los suprimidos. Valladolid, con 21 puestos más, y Burgos, con 10 más, serán las provincias que saldrán mejor paradas el próximo curso, seguida de Segovia (+4) y Palencia (+2) mientras que Soria compensa las pérdidas y las creaciones. Por el contrario, León será la más perjudicada al perder 16 puestos, por la desaparición de 22 maestros. También habrá saldos negativos en Ávila (-5), Zamora (-3) y Salamanca (-1).

Según los datos consultados por la Agencia Ical, el próximo curso desaparecerán 81 unidades en los centros de Comunidad aunque se crearán 19, por lo que habrá un saldo negativo de 62. La mayor parte de los docentes que se perderán corresponden a los maestros de Infantil y Primaria, con la desaparición de 52 puestos, a los que hay que sumar las 21 plazas menos entre los maestros de los IES. Los criterios de la Junta para la supresión de esos puestos son, principalmente, porque la unidad «no funciona», ya sea por la «insuficiencia horaria», la amortización por superar el número de la plantilla funcional o por que no se cubrió en el concurso de traslados. En definitiva, por la falta de alumnos en los centros, básicamente en los pueblos.

El proceso de negociación de las plantillas jurídicas de los centros, que tiene lugar los meses de enero y febrero, busca determinar las plazas existentes en los colegios e institutos para que los funcionarios de carrera de los diferentes cuerpos docentes de enseñanzas no universitarias puedan obtener esas plazas mediante el citado concurso de traslados.

La modificación al alza o a la baja de las plantillas jurídicas de los centros no supone ni creación ni destrucción de empleo. Este proceso determina si mantener la plaza, crear aquellas que van a tener continuidad en el tiempo en los centros por la existencia de un número suficiente de alumnos o eliminarlas, si ya no se han matriculado estudiantes desde hace dos o más cursos en las unidades que se suprimen.

La negociación de la propuesta de la Consejería estuvo marcada este año por el plante de tres de las cinco organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial como Csif, UGT y Comisiones Obreras (CCOO). Acusaron a la Junta de acudir a las reuniones con «criterios impuestos» y sin haber cumplido los compromisos firmados con los empleados públicos como la recuperación de la jornada de 35 horas. Además, acusaron a la administración de ocultar información con el objetivo de no aumentar las plantillas y apostar por «criterios economicistas», que están asentados en los «recortes» y no tienen en cuenta las necesidades pedagógicas ni la «desigual» distribución de la población en la provincia.

La portavoz de Stecyl, Christina Fulconis, reiteró a Ical que la negociación de las plantillas no son puestos de trabajo nuevos sino estables, que van a salir en los concursos de traslados del personal. «Es una garantía de continuidad de las plantillas para que los centros sepan los docentes con los que van a contar, lo que permite elaborar proyectos a medio y largo plazo que, a la postre, redundan en la mejora de la educación», expuso.

Fulconis reconoció que, por regla general, cada año los sindicatos consiguen «arañar» algunos puestos a la administración, tal y como ocurrió en la última negociación. Precisó que el aumento de docentes en Enseñanzas Medias es fruto de la pirámide poblacional, ya que los alumnos llegan a Secundaria y FP y obliga a consolidar 85 puestos. Frente a eso, se agudiza la pérdida de efectivos en Infantil y Primaria, con 52 puestos menos, sobre todo en el ámbito rural, pero también en los llamados «centros güetos» de las ciudades que pierden unidades porque los padres optan por escolarizar a sus hijos en otros colegios más alejados de sus domicilios.

La representante de Stecyl consideró necesario entrar a negociar las plantillas jurídicas con la Junta al ser el momento de «defender» los intereses de cada provincia. «No podíamos permitir que la Consejería se fuera de rositas y había que pelear una mejora», significó. En el mismo sentido, se pronunció la presidenta de Anpe Castilla y León, Pilar Gredilla, quien valoró la mejora la propuesta inicial de la Junta. «Solo por eso, ha merecido sentarse a negociar las plantillas, pese a las críticas de otros sindicatos, aunque no estamos del todo satisfechos», manifestó. Mostró su preocupación por la supresión de unidades en el medio rural, algo relacionado con la despoblación que azota la Comunidad.

Fulconis y Gredilla coincidieron que esta negociación no supone abandonar las reivindicaciones que comparten todos los sindicatos como la aplicación de las 35 horas en educación y la reducción de la jornada lectiva; la mejora de las plantillas para que haya más profesores en los centros; una mayor oferta en las oposiciones; un incremento del personal para la atención a la diversidad y compensatoria y la equiparación salarial con otras regiones, entre otras.