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Unanimidad en el salón de plenos del Ayuntamiento de León en las tres mociones presentadas durante el pleno de mes de marzo. Todos los concejales votaron a favor de apoyar a las enfermeras en su reivindicaciones profesionales ante la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León; exigir a Renfe que mantenga en León el Centro Médico y dote del servicio Avant a la capital; y pedir que sea catalogada como actividad esencial el servicio de actividades privadas y centros de enseñanza no reglados.
Eduardo López Sendino, portavoz de Unión del Pueblo Leonés, defendió al colectivo sanitario de enfermería por no ver plasmado el reconocimiento de la sociedad en una debida retribución, una tasa de reposición justa y dotar de una figura de enfermera escolar a los centros educativos.
Desde el Partido Popular, que avanzó su voto favorable, Fernando Salguero no entendía el sentido de la moción una vez alcanzado el acuerdo entre la Junta y el sindicato mayoritario para levantar la huelga propuesta por el sector. «No lo entiendo salvo que se persiga denostar a la administración autonómica, a la que acostumbramos a echar la culpa de todo». A ello respondió el leonesista, quien afirmó que se dirige a la Junta porque tiene las competencias y «ya nos gustaría dirigirla al gobierno de la Región Leonesa, pero no podemos».
Desde Ciudadanos, Elena de la Fuente también aclaró su votación favorable y recordó, al igual que los populares, que ya se había alcanzado un acuerdo entre el gobierno autonómico y Satse.
El Ayuntamiento de León también alcanzó el 'quorum' para instar a Renfe a mantener el Centro Médico en León; exigir que haya trenes Avant que completen la línea Madrid-León; y que se incluya este tramo como servicio público obligatorio.
Eduardo Tocino, del Partido Popular, habló de «ninguneo» por parte del Gobierno de España con las infraestructuras de la provincia de León. «Lamentamos un nuevo desprecio a los leoneses, que no tienen ni las frecuencias que deberían y además pagan más. Un trayecto a Madrid le cuesta a un leonés 50 euros; mientras que un catalán paga cinco», ha apuntado el edil, quien exponía así que la ciudad estuviera «marginada» y exigía más trenes, más baratos, más billetes y más empleo. «No se entiende que el servicio Avant llegue a Valladolid y no aquí».
En esa misma línea se mostró Gemma Villarroel, portavoz de Ciudadanos, quien reseñó la importancia de declarar el servicio como público obligatorio, lo que serviría para abaratar el coste y permitir acceder a bonos que faciliten a un trabajador leonés en Madrid poder residir en su ciudad.
Maite Fernández defendió la moción, iniciativa de Izquierda Unida, y lamentó que se centralice toa la comunidad en la provincia de Valladolid, en referencia al traslado del Centro Médico. «Los trabajadores tienen derecho a que el centro siga en León y par ello solo necesitarían contratar a una enfermera, que es más barato que pagar los desplazamientos de los trabajadores a Valladolid». La concejal de UPL recordó que ello se suma a la pérdida de trenes nocturnos y que los leoneses «estén cada vez más aislados y desplazarnos en tren a otra provincia sea una odisea, y también dentro de la nuestra».
Por último, y a propuesta del Partido Socialista, Evelia Fernández pidió convertir en actividad esencial la labor de las academias privadas y centros de enseñanza no reglada de la que dependen 600 centros de trabajo y 3.200 familias en la comunidad.
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