León en Común pide «responsabilidades» por la «escandalosa gestión» de Serfunle

En la asamblea de la Mancomunidad celebrada la semana pasada se dieron muchas explicaciones, afirman desde LeC, «pero en ningún momento se respondió a lo que verdaderamente importa, es decir, por qué no se han respetado los plazos y quién tiene la culpa de ello».

«Mal empezamos así, porque viendo cómo ha evolucionado todo este asunto es muy difícil no pensar que todo el procedimiento se ha ido al garete de manera negligente o, incluso, intencionada. No en vano, la sentencia que declaraba nulo todo el procedimiento, la misma que ha quedado archivada, hablaba de mala fe a la hora de haberse producido la adjudicación del contrato a Mémora. De este modo, es imposible no pensar mal y creer que esto no es más que una maniobra para seguir favoreciendo los intereses de la empresa privada», afirman.

«Y la realidad es que esto es lo que piensa la gente en la calle. Porque no puede ser que se haya dejado caducar este expediente a pesar de que una de las integrantes de la asamblea de la Mancomunidad Serfunle, la concejala de IU en el Ayuntamiento de San Andrés del Rabanedo Eloína Terrón, presentara dos escrito, uno en julio y otro en septiembre de 2016, pidiendo reiteradamente que no se dejara caducar el mismo. O sea, estaban sobre aviso y aun así no actuaron como tenían que hacerlo», señalan desde el grupo municipal.

LeC consideran que «ahora mismo el escenario en el que nos encontramos pasa por volver a iniciar el expediente de nulidad del contrato». «Un contrato que ya ha quedado claro que debería estar anulado y que sólo sigue en vigor por culpa de la dejadez del PP y del PSOE, quienes han ostentado la presidencia de la asamblea. Es obvio que lo de gobernar para favorecer a la ciudadanía es algo que no tiene la más mínima importancia para los populares ya que, otra vez más, nos han vuelto a dejar claro que en lo único en lo que son buenos es en primar los intereses de las empresas privadas por encima de los de las vecinas y los vecinos que, más tarde o más temprano, tendrán que recurrir a los servicios funerarios», aseguran.

«Lo peor del tema es que ya nos esperábamos algo así. A pesar de que la justicia haya dado la razón a quienes decían que en este contrato había indicios de prevaricación y a pesar de que es evidente que los servicios funerarios serían más económicos y estarían mejor gestionados si fueran de titularidad pública, estábamos convencidas de que iba a pasar algo en el último momento que hiciese que la empresa privada se saliera con la suya», concluyen