León competirá con una veintena de ciudades para ser sede de la Agencia Espacial

El Ministerio de Política Territorial considera que el procedimiento para determinar las sedes de las nuevas agencias estatales públicas «ha sido un éxito y ha tenido gran acogida», al recibirse un total de 35 candidaturas para las dos agencias procedentes de 14 comunidades autónomas.

Las candidaturas recibidas para cada una de las dos nuevas agencias, son las siguientes:

Agencia Espacial Española: Cabanillas del Campo (Guadalajara), Cebreros (Ávila), Ciudad Real (Ciudad Real), Elche (Alicante/Alacant), Estella-Lizarra (Navarra), Huelva (Huelva), Jerez de la Frontera (Cádiz), L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), Las Palmas de Gran Canaria/Agüimes/ San Bartolomé de Tirajana (Las Palmas), León (León), Ourense (Ourense), Palencia (Palencia), Puerto del Rosario (Las Palmas), Puertollano (Ciudad Real), San Javier (Murcia), Isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife), Sevilla (Sevilla), Teruel (Teruel), Tres Cantos (Madrid), Yebes (Guadalajara), Zamudio (Bizkaia).

La Agencia Espacial Española, con un componente dedicado a la Seguridad Nacional, permitirá coordinar las actividades y políticas nacionales sobre el espacio, así como la participación de España en programas internacionales en este ámbito. El sector espacial proporciona servicios imprescindibles para nuestra sociedad en el ámbito de las comunicaciones, la observación de la Tierra, la navegación, la seguridad, la lucha contra el cambio climático o la monitorización de fenómenos como la sequía o los incendios.

Estos servicios y aplicaciones son de vital importancia para la doble transición digital y verde, objetivos estratégicos de la UE. Además, el espacio es una herramienta imprescindible para el avance de la ciencia y la exploración, respondiendo a preguntas básicas de la humanidad y proporcionando un impulso a la innovación.

Con la puesta en marcha de la Agencia, que aparece reconocida en la reforma de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, en la Estrategia de Seguridad Nacional 2021 y se incluye en el PERTE Aeroespacial, España se iguala al resto de países de nuestro entorno que cuentan con figuras y organismos similares para orientar y dirigir las estrategias y actividades en el ámbito del espacio.

La Comisión consultiva para la determinación de las sedes de los nuevos organismos públicos está adscrita al Ministerio de Política Territorial y es el órgano que asiste al Consejo de Ministros en el proceso de elección.

La admisión a trámite de las candidaturas está condicionada a que la Comisión consultiva verifique que reúnen los requisitos establecidos al efecto. En el caso de que, además de las ya indicadas, se haya remitido alguna candidatura al margen de la sede electrónica del Ministerio, se comunicará en los próximos días.

La Comisión está presidida por la ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, y forman parte de la misma representantes de los ministerios de Política Territorial; Asuntos Económicos y Transformación Digital; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico; Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación; Hacienda y Función Pública; Transportes, Movilidad y Agenda Urbana; Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática; y Derechos Sociales y Agenda 2030, junto a representantes de los ministerios a los que se adscriben los nuevos organismos públicos.

Finalizado el plazo de presentación de candidaturas este 7 de noviembre, la Comisión consultiva solicitará informe, que deberá emitirse en el plazo de 10 días, a los Ministerios de adscripción.

Concluido el plazo para la emisión de los informes, la Comisión elaborará un dictamen que analizará las posibles sedes para la entidad afectada, dictamen que podrá tomar en consideración localidades que no hubieran sido postuladas pero que cumplan los criterios establecidos por la Comisión.

El dictamen se remitirá para su conocimiento a la Comisión Delegada del Gobierno para el Reto Demográfico y se elevará al Consejo de Ministros que, tras valorarlo, adoptará su decisión.

Está acreditado el papel beneficioso que ejercen las instituciones públicas en el entorno físico de su ubicación, así como la creación de empleos directos e indirectos. Efectos positivos de la desconcentración que se verán reforzados con un procedimiento de elección racionalizado, con criterios como la cohesión territorial, la eficacia de los servicios públicos y la transparencia dentro de un proceso objetivo y competitivo.

La desconcentración de organismos públicos, fortalecerá asimismo la igualdad de oportunidades, al facilitar que la ciudadanía, con independencia de su lugar de residencia, pueda relacionarse o incluso trabajar directamente en unidades de las instituciones públicas estatales.

Al enunciar los principios que deben regir el funcionamiento de la Administración pública, la Constitución resalta los de eficacia, jerarquía, desconcentración y coordinación. El principio de desconcentración se recoge asimismo en el artículo 54.1 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público.