León, a la cabeza a la hora de sufragar funerales de fallecidos sin recursos

Todos los ayuntamientos de las capitales, a falta del de Zamora que no aportó datos, y mediante similares fórmulas, se hacen cargo con recursos propios -en la mayor parte de los casos sin dar las cifras económicas desembolsada- de los gastos que suponen los sepelios como en el caso de indigentes que nadie reclama, tal y como confirmaron a Ical.

Alguno de ellos, como ocurre en Valladolid, desde 2016 amplió la cobertura para algunas familias en función de su renta y así evitar que despedir a un ser querido suponga un quebranto económico inasumible y acreciente el sufrimiento personal por la pérdida.

En Palencia, desde el Ayuntamiento de la capital se apuntó que se hace cargo de inhumar el cadáver en un tipo de enterramiento llamado «sepultura común», en el caso de acreditarse que la persona fallecida carece de recursos. Para ello, asume los gastos de tanatorio, féretro y otros añadidos y, con los datos disponibles de los dos últimos años, sólo se actuó en cuatro casos. El coste del sepelio de quien no tiene dinero para afrontarlo lo aporta el Área de Bienestar Social del Consistorio, a la que pertenece el Servicio de Cementerio, y en los dos casos citados de 2016 y 2017 el enterramiento supuso un coste 2.091 euros. Otras entidades sociales como Cáritas asumen en otras ocasiones el pago de este tipo de funeral, sobre todo en algunos municipios de la provincia.

En cuanto a Burgos, la responsable del cementerio municipal de San José, Lorena de la Fuente, aseguró que está situación de pagos de funerales de personas sin recursos suele ocurrir en pocas ocasiones, en torno a «dos o tres, no más», cifra que se ha mantenido en los últimos cinco años. En lo que va de 2018 hubo en la capital burgalesa tres enterramientos exentos de pago, donde el Consistorio fue el encargado de asumir todos los gastos con un coste por inhumación en torno a los 650 euros, a lo que se suma el 21 por ciento de IVA.

Desde el Ayuntamiento de Segovia se aseguró que los enterramientos gratuitos para gente sin recursos son «situaciones muy excepcionales» y ha habido años del último lustro donde no se dio ningún caso y en lo que va de 2018 por el momento han sido dos. El trámite para proceder al servicio funerario gratuito se inicia cuando existe un aviso desde el Hospital General de la capital y, mediante el certificado de defunción, se comunica al Consistorio que nadie reclama el cadáver, por lo que son los servicios sociales los que se hacen cargo de todos los gastos del sepelio.

Por su parte, la capital leonesa acumuló 71 enterramientos de beneficencia en el último lustro y las cifras anuales fueron similares excepto en 2014, cuando se registraron siete. En 2013 fueron 15, en 2016 se contabilizaron 14 y uno menos el año siguiente. En 2017 se dieron once y en el presente ejercicio de 2018, la cifra -a fecha de finales de octubre- fue también de once. Las edades de las personas cuyo sepelio se asumió con fondos públicos -además de algunos fetos- oscilaron entre la treintena y los más de 90 años y la mayoría eran hombres. En buena parte de los casos procedían de centros residenciales y hospitales, aunque también alguno fue remitido desde un centro socio-sanitario y otros desde los juzgados.

En Ponferrada los enterramientos de beneficencia que dan cobertura a las personas sin recursos deben contar con un informe previo de los servicios sociales municipales que acredite que el fallecido no dispone de nadie que se haga cargo de sus restos. La Concejalía de Bienestar Social es la encargada de proveer un ataúd y un nicho en el cementerio, con un coste que no suele alcanzar los 400 euros, señalaron fuentes del Consistorio.

Según los datos aportados por la Concejalía de Medio Ambiente, responsable del cementerio municipal, este tipo de servicios se ha tenido que ofrecer un total de 24 veces en la última década en la capital del Bierzo.

En lo que se refiere a los últimos cinco años, 2013 fue el único ejercicio sin enterramientos de beneficencia. Al año siguiente, se registró un caso, cifra que se mantuvo en 2015. Ya en 2016 el Ayuntamiento tuvo que asumir el coste de dos entierros, y el año pasado la cifra aumentó hasta tres, misma cantidad que en lo que va de año. En total, y a falta de que finalice 2018, el lustro se cerró con diez enterramientos de beneficencia.

En Salamanca el Ayuntamiento presta con carácter gratuito los servicios de cementerio y funerarios a propuesta de los servicios municipales para aquellas personas fallecidas en la capital tanto carentes de recursos económicos como indigentes. Según la información facilitada, en 2017 se prestaron un total de diez servicios de caridad, que comprenden la recogida del cadáver, la tramitación de la documentación correspondiente, el féretro y la inhumación en el nicho. En lo que va de año se han realizado un total de ocho, y pese a que la cifra varía cada anualidad, este servicio suele mantenerse siempre en torno a la decena en cuanto al número de casos atendidos.

Desde el Ayuntamiento de Ávila tuvieron que intervenir en dos ocasiones este año, dos adultos fallecidos sin recursos, uno en el mes de febrero y otro en octubre, sin desembolso económico porque sde hace con recursos y personal propio para proceder a su enterramiento. En años anteriores (en los últimos cinco) se ha tenido que acudir en ayuda de personas fallecidas sin recursos (en torno a uno a dos casos) y para ello existen en el cementerio municipal las llamadas 'zonas de caridad' habilitadas al efecto. No supone ningún desembolso económico en virtud del acuerdo que se mantiene con una de las funerarias que operan en la ciudad, ya que ésta no repercute gastos al Consistorio derivados por ejemplo del ataud o del traslado del mismo.

Para poner en marcha este mecanismo cuando fallece una persona y nadie se hace cargo se inicia una investigación rápida de Policía Local y Nacional en la que a veces entran en juego los servicios sociales, ya sean municipales o dependientes de la Diputación de Ávila, con el fin de contrastar que efectivamente nadie reclama al fallecido pues es un tema muy delicado y hay que contrastar la información. Además se trata el asunto con «delicadeza» y se intenta ajustarse de algún modo a lo que la persona hubiera deseado para el momento final y todo se autoriza «con mucha cautela».

El número de casos en Soria se cifra en uno por año como máximo y en algunos ejercicios el último lustro no se tramitó ningún trámite respecto al enterramiento de las personas vulnerables. «Es algo muy puntual», subrayó el Consistorio. El Ayuntamiento alcanzó un acuerdo con la funeraria que gestiona el tanatorio, tras realizar el oportuno concurso público, que se encarga de la recogida, el correspondiente levantamiento de cadáver por parte del juez, si se requiere, o el informe médico preceptivo, el depósito y la cremación. No se incluye el velatorio.

Además, el Ayuntamiento soriano cuenta con unas pautas de actuación administrativa para estos casos en los que se abre un expediente, que se tutela desde los Servicios Sociales, para acreditar que realmente se trata de una persona sin recursos y carece de familia que pueda hacerse cargo del sepelio. Al ser habitual que esas personas hayan mantenido contacto con los técnicos o que puedan aparecer en distintas bases de datos, se hace más sencillo comprobarlos para completar los informes. El Ayuntamiento opta por la cremación, en lugar de la inhumación, con el depósito de las urnas perfectamente identificadas en una zona del cementerio

Finalmente, en el caso de Ayuntamiento de Valladolid, ya venía asumiendo los servicios funerarios de personas sin hogar y transeúntes haciéndose cargo de todos los gastos y desde 2016 extendió esa posibilidad a otras familias en función de su renta. De los datos facilitados, se desprende que en 2015 el servicio funerario gratuito de carácter social actuó en dos casos en 2016, en seis en 2017 y en un caso hasta el 30 de octubre de este año.

La empresa mixta Nevasa es la que presta el servicio gratuito para personas empadronadas en Valladolid que desde hace al menos un año antes del fallecimiento no tengan cubiertos los gastos por cofradías, empresas o entidades aseguradoras y no posean -ni por sí mismas, ni a través de familiares obligados al pago- medios económicos para abonar el sepelio. Se pueden acoger a esta prestación quien percibiera una cantidad igual o menor que una pensión no contributiva, y no disponga de capital inmobiliario, mobiliario o en metálico, en la cuantía necesaria para hacer frente a los gastos. También cuando la renta mensual familiar no supere los 639,01 euros si la unidad es de un miembro, 692,26 euros en el caso de tener dos miembros, y 718,83 con tres miembros.