León, a la cabeza en el censo de perros de razas potencialmente peligrosas con 2.423 licencias

El número de animales censados aumenta sucesivamente año tras año, con 8.270 y 9.228 perros en 2016 y 2017, respectivamente. Durante el curso pasado, esa cifra ascendió hasta los 10.060, solamente 260 ejemplares menos que en el año actual, siempre según el censo de la Junta, desde donde reconocen que faltan por censar animales, porque algunos ayuntamientos no les facilitan información.

La legislación cataloga como perros potencialmente peligrosos a todos los que pertenecen a las nueve razas y sus cruces considerados como tal o aquellos cuyas características se correspondan con todas o la mayoría recogidas en el Anexo II del Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. Entre ellas, destaca una fuerte musculatura, aspecto poderoso, pelo corto, mandíbulas grandes, boca robusta, cuello ancho, musculoso o pecho macizo, entre otras supervisadas por la autoridad veterinaria. Una consideración que se complementa con aquellos ejemplares que manifiesten un carácter marcadamente agresivo o que hayan protagonizado agresiones.

Según los datos facilitados, la provincia de León se posiciona a la cabeza con 2.423 licencias, seguida por Valladolid, con 2.129, Salamanca, con 1.523, y Burgos, con 1.344 perros considerados como potencialmente peligrosos. Tras ellas, ya en la mitad de la tabla y con cifras por debajo del millar, se encuentran los abulenses (689), palentinos (668) y segovianos (658). En el furgón de cola se localizan las provincias de Zamora y Soria, con 563 y 323 canes, respectivamente.

Estos ejemplares crecieron desde 2016 a 2019, un 37,2 por ciento en Salamanca (413); un 33 por ciento en Ávila (171); un 30,2 por ciento en Palencia (155); un 24,7 por ciento en Burgos (266); un 21,4 por ciento en Soria; un 23,9 por ciento en Valladolid (410); un 19,5 por ciento en Zamora; un 19,2 por ciento en León (390); y un 17,1 por ciento en Segovia (96).

Aunque, todos los ejemplares pertenecientes a las razas introducidas en el Anexo I del citado Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo (Pit Bull Terrier; Staffordshire Bull Terrier; American Staffodshire Terrier; Rottweiler; Dogo Argentino; Fila Brasileiro; Tosa Inu; Akita Inu y el Dogo del Tíbet) son consideradas automáticamente como potencialmente peligrosas, el veterinario, Adrián Romaidone, reconoce que esa catalogación «es un título a nivel de ordenamiento porque, en principio, la mayoría de estos perros son tan afables y mascotas como otros cualquiera», quien afirma que en su experiencia personal como clínico no ha tenido ningún perro que «sea potencialmente peligroso y tenga un carácter agresivo, sino todo lo contrario», aunque, en algunos casos el animal responde a «unas características que lo encasillan».

No es ninguna novedad escuchar en los medios de comunicación o leer por las redes sociales ciertos sucesos sobre mordeduras o conflictos con este tipo de perros, que causan gran conmoción y alarma social entre la población. Sin embargo, el veterinario deja claro que son «la minoría de los casos» y que todas estas noticias sobre ataques a personas «son una parte mínima de la relación entre el perro y el ser humano».

En este contexto, explica que «un posible ataque o comportamiento agresivo depende mucho del entorno de su desarrollo y si, en realidad, se le ha estimulado para ello». Una demonización de una tipología de perros por el mero hecho de estar encasillados en la legislación vigente, sin embargo, un animal que «no pertenezca a ellas, pero que tenga un carácter agresivo y considere al ser humano como un objetivo, podría producir un ataque», destaca.

Las personas que quieran tener como compañero a un perro de este tipo de razas deberán ser mayores de edad; no haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, salud pública, asociación con banda armada, así como no estar privado por resolución judicial del derecho a la tenencia de animales potencialmente peligrosos; no haber sido sancionado por infracciones graves o muy graves; disponer de capacidad física y aptitud psicológica para la tenencia, y la acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura no inferior a 120.000 euros.

Una serie de requisitos y cumplimientos de una legislación vigente que se enmarcan «dentro del ordenamiento jurídico y del concepto de tenencia responsable», destaca Romaidone, además de considerar positivo que se tenga que registrar al animal y cumplir determinados parámetros, dado que no hay que olvidar «la relación entre la mascota y el ser humano, a mayores de su propietario, ya que el perro vive en sociedad y debe cumplir unas determinadas normas», añade.

Los datos facilitados por la Junta de Castilla y León cifran a la provincia leonesa, vallisoletana y burgalesa como las que más número de estos animales residen en ellas, aunque solamente en el caso de la capital burgalesa, el registro municipal tiene inscritos a un total de 458 ejemplares. Entre las razas más destacadas se posiciona el American Staffordshire Terrier, con 163 perros censados, seguido por el Pit Bull Terrier, con 134, y Staffordshire Bull Terrier, aunque ya de lejos, con 44 canes. A la cola se encuentra tanto el Mastín Tibetano como el Bull Terrier, a razón de uno, respectivamente.

El listado en relación con esta catalogación muestra que «la tendencia de adquirir este tipo de perros se ha estabilizado, ya que el pico se produjo hace ocho o diez años», subraya el veterinario, quien añade que «la moda ha estado motivada por el cine y la televisión, como ocurre con la serie de 'Juego de Tronos' con el pastor checoslovaco».

Aun así, y aunque la adquisición de perros potencialmente peligrosos sea algo estable, el jefe de Policía Local de Palencia, Luis Miguel Palacios, destaca que «desde la Unidad de Medio Ambiente como desde cualquier patrulla se procede a denunciar si se detecta alguna irregularidad». En dicha ciudad de la Comunidad, en lo que va de año, se han formulado un total de 50 sanciones, entre las que destacan la ausencia de bozal (16), sin licencia municipal (12) e ir sueltos y sin sujeción (12).

En el momento en el que el agente tramita la correspondiente denuncia, el perro no es intervenido, pero el dueño debe afrontar los requerimientos dispuestos en la ley. La cuantía económica de la mayoría de estas infracciones suele oscilar entre los 150 y los 300 euros, dependiendo de la reincidencia del propietario. Por el contrario, las denuncias formuladas por no tener la licencia municipal ascienden a 2.800 euros, al estar catalogada como una infracción muy grave.

Palacios afirma que hay personas que son sancionadas «por desconocimiento», aunque en otros casos se producen «al no cumplir las normas o porque directamente no les da la gana». Nadie le gusta ser multado, sin embargo, y por norma general, «no suele producirse ningún problema con los agentes» dado que «entrarían en juego temas penales».

En relación con esta materia, en casos puntuales, los mismo ciudadanos son los propios requirientes para solucionar algún problema, los cuales «son atendidos bastante rápidos en un momento en el que la plantilla policial está reducida por las jubilaciones». En este sentido, reconoce que no hay un plan focalizado, pero sí abierto, como es el caso de una entrevista personal con la persona afectada de un posible envenenamiento de una salchicha con calvos. Para ello, se realizó un dispositivo de vigilancia, inclusive de paisano, para evitar que ciertas personas arrojen este tipo de alimentos para producir la muerte de animales.

Por sucesos como estos relacionados con la familia perruna, ya sean potencialmente peligrosos o no, el veterinario, Adrián Romaidone, asegura que «hay que avanzar en la inserción del perro en la sociedad y en el bienestar del animal unido al respeto hacia aquellas personas que no tienen mascotas». Tal es así que «es valido reconocer que hay gente que se siente sensibilizada hacia determinadas razas o aptitudes», teniendo en cuenta «el desconocimiento hacia el perro», apostilla.