La justicia leonesa avanza hacia el objetivo ‘papel cero’ tras consolidarse el expediente digital en 2016 y 2017

Se trata de una plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales en su trabajo diario que, poco a poco y no sin muchas dificultades, está llevando a la justicia leonesa a la generación 2.0. En la actualidad, las comunicaciones electrónicas se han consolidado de forma que la práctica totalidad de los expedientes correspondientes al 2016 y a lo que va del 2017 son digitales.

Precisamente, fue el año anterior cuando Justicia impuso la transmisión electrónica de documentos a abogados, procuradores y juzgados; obligación que se hizo extensible este año también a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y que, paulatinamente, afectará a otros colectivos, como a empresas o particulares.

De esta forma, la práctica totalidad de escritos iniciadores se remitirían por vía digital a los Juzgados de León, según señala Enrique Marugán, secretario coordinador provincial, que recuerda que “poco a poco” se van subsanando problemas y deficiencias para que el uso de la herramienta digital sea universal.

“En la actualidad todos los colectivos están obligados a remitir el escrito telemáticamente a excepción de particulares y empresas dado que la plataforma técnicamente no están preparada. La tendencia es que cada vez vayamos a menospapel y se vayan incorporando a la herramienta nuevos colectivos".

En este sentido, Marugán hace hincapié en el elevado número de demandas que soportan los juzgados de Penal y Civil, que urgen que se generalice su entrada por vía digital. No obstante, entiende que la desaparición total del papel aún será difícil al tratarse de un proceso “complejo”.

Sin embargo, las herramientas se están poniendo y en la actualidad todo lo que entra en papel físico se escanea para incorporarlo directamente al Sistema de Gestión Procesal. “Se intenta digitalizar todos los expedientes. Estamos próximos a extinguir el papel aunque poco a poco. Es necesario que todos estén integrados en este mundo digital”.

A primeros del 2016, el Ministerio de Justicia calculaba que el objetivo de eliminar el papel de los Juzgados de las Comunidades Autónomas de su ámbito de actuación podrá alcanzarse de forma total en un plazo de seis meses, fecha fijada por la Ley de Enjuiciamiento Civil para que las comunicaciones entre abogados, procuradores y tribunales se realicen por medios telemáticos.

En una primera fase establecía las bases para que los letrados y procuradores se encuentra en un buen rendimiento. En una segunda, el proyecto preveía introducir la "revolución digital" en los propios Juzgados de forma que todos cuenten con un método de trabajo interno también digitalizado, denominado Sistema de Gestión Procesal.

Esto implica que la tramitación de asuntos dentro de las propias dependencias judiciales se realice prescindiendo también del papel. Un paso que ha permitido que las resoluciones de los jueces -autos, providencias, sentencias- sean validadas sin necesidad de estampar una firma física, mediante una digital.