Junta y sindicatos acuerdan recuperar el complemento por baja laboral y mejoras para los funcionarios de 4 millones

Así lo señaló el vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, tras la rúbrica del acuerdo con los responsables de la materia en Castilla y León de los sindicatos CSIF, Carlos Hernando; UGT, Carmen Amez, y CCOO, Juan Carlos López. Este pacto, según De Santiago-Juárez, avanza en la recuperación de los derechos perdidos por los empleados públicos y en la modernización de la administración autonómica.

En concreto, el acuerdo establece que los empleados públicos recuperen el complemento por incapacidad temporal que, hasta ahora, les reducía el salario cuando estaban de baja laboral excepto por enfermedades graves. Ahora, añadió el vicepresidente y consejero, se ampliará el catálogo de enfermedades y volverán a cobrar el cien por cien de su salario, excepto en dolencias muy leves como, por ejemplo, un resfriado. Tendrá que estar acordado antes del 30 de septiembre.

Además, explicó que se da «un paso más» y en 2019 se recuperará en el presupuesto destinar entre un 40 y un 50 por ciento para la acción social de los empleados públicos como gastos de gafas y dentista, por ejemplo.

En cuanto a la modernización de la administración, recordó que se ha modificado la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) a través del cual se convoca un concurso abierto y permanente en el mes de marzo, lo que provocará que se libren muchos puestos para mejorar la carrera profesional de los funcionarios.

También, se suprimirá un 31 por ciento de los puestos de libre disposición, que supondrán 387 puestos y un 28 por ciento (374) de los concursos específicos para que los empleados públicos puedan mejorar su carrera. Estos aspectos que tendrán que estar cerrados antes del 31 de diciembre también para definir los puestos de trabajo ultraperiféricos que resultan difíciles de cubrir y que son tan necesarios en el mundo rural.

En este sentido, explicó que en la negociación se estudiará la fórmula de primar esos puestos, bien sea con un complemento específico o con méritos de cara a futuros concursos o, incluso, añadió el consejero, ambas cuestiones.

El acuerdo establece también la reducción del número de vacantes y de la tasa de temporalidad a través de las convocatorias de ofertas de empleo público agotando al máximo las tasas de reposición y marcar como objetivo que todas las tasas de reposición sean del cien por cien en toda la administración de la Comunidad, así como incorporar progresivamente en los planes de formación, a partir de 2018, cursos dirigidos a funcionarios de nuevo ingreso y a los que se incorporen a un nuevo destino, siempre que requieran formación específica orientada al puesto.

Asimismo, la Administración se compromete a pagar el incremento de las retribuciones y los atrasos desde el 1 de enero en la nómina de julio, o en una nómina complementaria en los primeros días de agosto.

En cuanto al coste, José Antonio de Santiago-Juárez explicó que la recuperación del complemento por incapacidad supondrá un gasto de entre 1,4 y 1,5 millones de euros, mientras que la supresión de los puestos de libre designación costará unos 500.000 euros y las medidas de acción social unos dos millones de euros.

Por su parte, el responsable de CSIF Castilla y León en la firma, Carlos Hernando, se congratuló por este acuerdo dado que se ha conseguido «devolver la mayoría de los derechos» que se les quitó a los empleados públicos por la crisis económica. Además, recordó que desde mayo de 2010 este colectivo ha perdido entre un cinco y un diez por ciento de sueldo y solo ha recuperado el dos por ciento.

En términos parecidos se expresó Carmen Amez, de UGT, que reconoció que en este acuerdo se marcan tiempos para asuntos tan «urgentes» como el concurso abierto y permanente o el 30 de septiembre para recuperar el complemento por incapacidad temporal o las diversas medidas de acción social.

De «buen acuerdo» lo calificó el responsable de CCOO, Juan Carlos López, aunque «quedan cosas» pero «van en la línea correcta» ya que supone un compromiso importante para mejorar el empleo.

Además, algo en lo que incidieron todos los firmantes fue en la necesidad de seguir instando al Gobierno a que permita, en cualquier ámbito o sector, la jornada máxima semanal de 35 horas la Junta de Castilla y León trasladará esta medida de manera inmediata.

En este sentido, el vicepresidente y consejero aseguró que desde el Ejecutivo autonómico no se cejará en el empeño de recuperar este importante derecho, mientras que los responsables de UGT y CCOO anticiparon que, de no llevarse a cabo esta recuperación de las 35 horas, se pondrán en marcha movilizaciones para recuperar este derecho.