Más efectivos, más recursos materiales y más avances tecnológicos. Todo con un único objetivo: combatir el fuego para preservar el entorno natural y proteger a la población de Castilla y León.
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El consejero de Fomento, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha citado este miércoles en ... el Centro del Fuego de León a los delegados territoriales provinciales para presentar el nuevo operativo de lucha contra incendios forestales.
En total, 4.544 profesionales lo que implican un incremento de la plantilla de 175 personas respecto al año anterior y de 415 en el conjunto del mandato; de ellos, 2.585 son trabajadores de la Junta, 519 trabajados contratados para las cuadrillas helitransportadas, 1.232 de las cuadrillas de tratamientos silvícolas y 208 miembros de la tripulación de medios aéreos y retenes de maquinaría.
En cuanto a los medios materiales, el operativo contará con 31 medios aéreos -26 helicópteros y cinco aviones-, 201 cuadrillas terrestres y helitransportadas, 313 autobombas y pick-up, 215 puestos y cámaras de vigilancia, 29 retenes de maquinaria y 111 cuadrillas de tratamientos silvícolas, tras la incorporación de dos nuevas en León y Zamora.
Entre las novedades, según destacó Suárez-Quiñones, la ampliación del tiempo de la aeronave de coordinación hasta cuatro meses y medio así como que las brigadas helitransportadas (ELIF) estarán en doble turno, sumándose una ELIF de carácter autonómico que estará operativa durante todo el año.
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Con respecto a los medios tecnológicos, este año se dotará de nuevos dispositivos tablets que facilitarán información, un nuevo módulo de mensajería, una mejora del sistema de perimetración y la mejora de la aplicación informática de seguimiento de incendios forestales. A ello se añadirá la colocación de diez cámaras de vigilancia más, que se sumarán a las diez ya existentes.
Un operativo que, según destacó Suárez-Quiñones, se basa en la absoluta colaboración y coordinación entre las administraciones nacionales y locales, que representaron 496 intervenciones durante el 2018.
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Además, el consejero quiso destacar el compromiso de colaboración recíproca que tiene el operativo con las comunidades limítrofes y con Portugal, que se plasma en convenios bilaterales y cuya colaboración se tradujo en 33 actuaciones el año anterior.
En este sentido, Suárez-Quiñones quiso destacar el proyecto Arien+ financiación por al Unión Europea, que permite la colaboración entre organismos portugueses y gallegos. Al fin de cuentas, remarcó, el fuego no entiende de límites geográficos.
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Un operativo que permanecerá desplegado al máximo en la época de peligro alto, que permanecerá activo desde el 1 de junio al 30 de septiembre, tras unos meses complejos en materia de incendios forestales en la Comunidad, con un total de 846 fuegos en lo que va de año.
Un verano que se prevé con mayor riesgo dado el déficit hibrido que sufren las masas forestales, que oscila entre el 30 y el 50% con mayor incidencia en las zonas de montaña, y el marchitamiento prematuro que sufre la vegetación tras un invierno especialmente caluroso.
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En cualquier caso, Suárez-Quiñones remarcó la eficacia demostrada de un operativo que consigue elevar el porcentaje del número de conatos –fuegos de menos de una hectárea-, que ha pasado de representar el 50 al 66% de los incendios de la Comunidad. «El operativo es eficaz, llegan y apagan el fuego antes de que supere la hectárea afectada», señaló Suárez-Quiñones.
Por ello, desde la Junta han apelado a la responsabilidad y a extremar las precauciones para evitar las imprudencias, que representan más del 93% de los incendios. «Sólo seis o siete de cada 100 incendios se originan por causas naturales ya que el hombre siempre está detrás de ellos, bien por imprudencias o por la intencionalidad criminal, que en el Noroeste de la Comunidad representan el 75% de los casos», remarcó el consejero.
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En este sentido y ante la dificultad de llevar ante los jueces y fiscales las pruebas suficientes que permitan destruir la presunción de inocencia de los pirómanos, Suárez-Quiñones ha solicitado la colaboración ciudadana para llevar ante la Justicia «a estos aprensivos que ponen en riesgo el medio natural y la población».
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