La Junta notifica que ocho leoneses han sido vacunados contra la covid 'sin codificar motivo'

Un gran trabajo que ha dejado ver un apartado, cuanto menos, sospechoso. 'Sin codificar motivo', así aparece especificado en los criterios de administración de la vacuna. Un total de 29 dosis en el conjunto de Castilla y León, nueve de ellas en la provincia leonesa.

«Son aquellos casos en los que se ha administrado la vacuna en una situación de sobrante de dosis», así lo explicaba el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Transparencia, Francisco Igea, este jueves en rueda de prensa, tras ser preguntado por un periodista. Dosis que se han administrado cuando sobraban, tras la vacunación de una residencia, y que han ido destinadas «por ejemplo, a los taxistas que hacían los traslados o circunstancias similares», quiso explicar el vicepresidente con un ejemplo.

Pero tras el escándalo del alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge Santos, la cifra de nueve dosis hace sospechar que podría haber más vacunaciones irregulares en la provincia. En este sentido, desde la Junta de Castilla y León no han manifestado nada más y tan sólo la consejera de Sanidad, Verónica Casado ha abierto investigaciones en dos delegaciones territoriales por vacunaciones irregulares. Aunque no confirmó cuáles son las provincias, una de ellas podría ser la leonesa, ya que el PSOE también está a la espera de ese informa para tomar una determinación sobre el futuro de Santiago Jorge Santos.

La vacunación no se frena en León y este jueves la Junta de Castilla y León cifraba en 22.771 las dosis administradas desde el inicio. De las cuales, dentro de los criterios de mayor exposición a la covid-19, un total de 3.121 han sido para trabajadores de centros sanitarios, 7.451 para trabajadores de centros sociosanitarios y 118 a trabajadores esenciales. Por otro lado, según el criterio de mayor vulnerabilidad, la Junta ha destinado 316 dosis a dependientes no institucionalizados, 1.740 a dependientes institucionalizado, 10.060 a personas que viven en residencias de mayores y 48 a leoneses con patologías de riesgo.

Por su parte, muchas de esas dosis han sido administradas a las mismas personas para ir logrando poco a poco la llamada inmunidad de rebaño. En este sentido, la Junta de Castilla y León notifica que, sin contabilizar las dosis administradas este 4 de febrero, hay en León 7.838 personas que han completado el ciclo de vacunación contra la covid-19.

Las personas inmunes, tras pasar siete días después de la segunda dosis, son, dentro de los criterios de mayor exposición a la covid-19, un total de 115 trabajadores de centros sanitarios, 2.978 trabajadores de centros sociosanitarios y un trabajadores esenciales.

Por otro lado, según el criterio de mayor vulnerabilidad, la Junta ha notificado que han completado el ciclo de vacunación 13 dependientes no institucionalizados, 557 dependientes institucionalizado, 4.159 personas que viven en residencias de mayores y 9 leoneses con patologías de riesgo. A mayores, en el apartado 'sin codificar motivo' aparece una persona que ha recibido el ciclo completo de vacunación.

Castilla y León avanza, a pesar de las complicaciones y los retrasos, a buen ritmo en la vacunación, dentro de las dosis que se han recibido. En este sentido, la comunidad ha inyectado ya 143.688 dosis de la vacuna contra la covid-19.

La distribución no ha sido equitativa en cifras, ya que «el reparto se ha hecho en las provincias por población diana afectada en cada momento», explicó la consejera de Sanidad, Verónica Casado este jueves. En este sentido, la titular de Sanidad en la Junta especificó que «en algunas hay mas población diana en residencias» por lo que al inicio de la vacunación recibieron más dosis. Pero el principal problema que ha remarcado la consejera es que «las dosis no las hemos tenido cuando las queríamos tener».

A partir de ahora, y tras el anuncio de la llegada de AstraZeneca a partir del 8 de febrero la consejera espera «que se haga un reequilibrio del tema y sigamos con las vacunaciones».

Verónica Casado dejó en manos de las personas expertas y de las direcciones de Salud Pública la decisión sobre a partir de que edad no se debe poner la vacuna de Oxford y AstraZeneca, que algunas fuentes sitúan en los 80 años. «Aquí lo que sobran son comentaristas», dijo y aseguró que ella acatará lo que determinen «los que saben» y toman las decisiones en base a evidencias, realidades y un análisis «concienzudo».