La Junta se escuda en el nuevo convenio para las destituciones en Suero de Quiñones

Trabajadores, sindicatos y los propios despedidos se muestran incrédulos con un proceso «sin sentido» para todos los implicados. Mientras, la incertidumbre pesa sobre el personal que mantiene su puesto al esperar nuevos ceses: las cartas de despido emitidas aseguran que se trata de la primera fase.

«Sospechamos que lo quieren hacer en tramos de 90 días para evitar la tramitación de un despido colectivo y cumplir la Ley 20/21 de estabilización de empleo temporal», explica uno de los trabajadores de la residencia leonesa, que prefiere preservar su identidad ante posibles represalias.

Fuentes de la Junta informan de que esta reestructuración viene dada por el nuevo convenio colectivo del personal laboral «donde se han modificado las competencias funcionales de los centros de protección a la infancia», y que dicha modificación afectaba a los tres trabajadores de categoría Técnico del Menor de Suero de Quiñones.

El 2023 ha sido un año clave para la administración autonómica, aprobando el nuevo Convenio Colectivo para Personal Laboral y llevando a cabo una integración de tres categorías profesionales diferentes en una sola. Sin embargo, las veinticinco destituciones que ya se han formalizado —todos Educadores, Responsables Nocturnos o TAMMI— entran en conflicto con la disposición adicional decimosegunda de dicho convenio.

Esta disposición establece que el personal temporal «mantendrá su relación laboral temporal en la nueva categoría profesional, siempre que reúna los requisitos de titulación exigidos en el presente convenio colectivo o hubiera prestado servicios durante tres meses, tiempo equivalente al periodo de prueba en las categorías del grupo II; en caso contrario se procederá a finalizar dicha relación laboral». En el caso de León, las tres personas destituidas habían «prestado servicios» durante ocho, siete y doce años.

Ante esta incongruencia, Alberto García, Coordinador de Personal Laboral de CGT en la Junta de Castilla y León, exigió explicaciones a la Gerencia de Servicios Sociales. «Su respuesta fue que mantener una relación laboral temporal no significa que se mantenga el puesto de trabajo toda la vida», afirma.

«Que paralicen los despidos y ofrezcan la calidad que se merecen los menores», exige David Fernández, presidente del Comité de Empresa de Familia e Igualdad de Oportunidades. Fernández lamenta que aún no hayan tenido respuesta, tras las insistentes peticiones que han hecho llegar para pedir explicaciones a la Dirección General de Función Pública así como a la Gerencia de Servicios Sociales de Valladolid y de León.

Laura Martínez, Secretaria por Comisiones Obreras de la Sección Sindical de la Junta, recalca que «no hay razones organizativas que justifiquen los despidos sin saber la necesidad de personal que existe».

Algo que comparte Alberto García, Coordinador de CGT de Personal Laboral en la Junta de Castilla y León, al preguntarse «cómo han sido capaces despedir a la gente sin tan siquiera realizar un estudio de relación de puestos de trabajo en el que se analicen las necesidades de cada centro». García no titubea a la hora de pedir a la Junta «que paren este atropello al convenio. Llegaremos donde tengamos que llegar, incluído a los Juzgados», sentencia.

El 27 de septiembre, en una reunión en Valladolid, la Gerencia informa a los sindicatos de posibles despidos, sin dar fechas ni plazos concretos. «Después de la reunión nos quedamos con la sensación de que iba a ser una aplicación paulatina y transitoria», recuerda Laura Martínez.

Alberto García, por su parte, reconoce que esperaban que las sustituciones estuvieran relacionadas con las jubilaciones. «Las plantillas de Castilla y León tienen una media de edad bastante elevada. La Junta debería respetar a los trabajadores del Grupo II tal y como indica en el convenio, incorporar personal del Grupo III y, a medida que avancen esas jubilaciones, ir equilibrando las plantillas», critica.

Sin embargo, dos semanas más tarde comenzaban los primeros despidos.

A partir de ahí, los sindicatos solicitan «urgentemente» una reunión con Gerencia y paralelamente apelan mediante escrito a la Función Pública «para que revisen, desde la Comisión Paritaria, el convenio». La Comisión Paritaria da la razón a la Junta y continúan los procesos de despido.