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La adjudicación de un contrato de emergencia de 1,5 millones de euros en mascarillas por parte de la comunidad de Madrid ha hecho que se abra una guerra interna dentro de las filas populares a nivel nacional con infinidad de acusaciones vertidas desde los bandos, los de Ayuso y los de Casado.
Pero no solo hay contratos bajo la sombra de la duda en la comunidad de Madrid. En Castilla y León, la consejería de Fomento, dirigida por el leonés Suárez-Quiñones adjudicó por el procedimiento de emergencia como consecuencia de la Covid-19 a la mercantil Butiken Distribuidora de productos y servicios SL un contrato de 410.000 euros por la compra de un millón de mascarillas higiénicas.
Sin poner en duda la legalidad de los contratos de emergencia, las sospechas sobre este contrato estriban en la empresa a la que se adjudica el citado contrato. El contrato, según la plataforma de contratación del Estado se formalizó por el procedimiento de emergencia el día 18 de mayo de 2020 a la empresa Butiken Distribuidora de productos y servicios SL, la citada mercantil según la plataforma Informa se constituyó el 13 de mayo de 2020 tan solo 5 días antes de la adjudicación del contrato de 410.000 euros por parte de la consejería de Fomento de la comunidad de Castilla y León, publicándose su constitución el día 20 de mayo de 2020. Es decir se la adjudicó un contrato dos días antes de que se hiciera pública su constitución.
Ante este hecho, ¿cómo sabía Fomento la existencia de esta empresa para pedir un presupuesto de mascarillas si no era aún pública el día 18 de mayo de 2020 ya que se publicó el día 20 de mayo de 2020?
La vaguedad del contrato es tal que según la plataforma de contratación del Estado solo hace referencia a «mascarillas higiénicas» sin detallar a que normativa tendrían que estar sujetas, certificados CE, especificaciones técnicas, entre otras.
Desde la empresa, por su parte, se ha advertido que «todo fue una carambola» propiciada por el hecho de haber contactado con «numerosos ayuntamientos para dar a conocer la posibilidad de aportar mascarillas».
Fue el conocimiento de esas misivas por parte de la Junta el que propició que inicialmente se contactara desde el ente autonómico con los representantes de Butiken distribuidora de productos y servicios SL para ofrecer «cursos de formación». A continuación, según los titulares de la empresa, se apuntó la posibilidad de realizar un pedido, lo que propició la constitución de la empresa. «Fue una carambola», se ha remarcado.
Según el balance de cuentas de 2020 depositado por Butiken en el Registro Mercantil la citada empresa tuvo unas ventas de 426.983,22 euros.
La empresa recibió de la Junta de Castilla y León un contrato por 410.000 euros, por lo que el 96% de su facturación estuvo vinulada al 'contrato express' citato.
Butiken solo incrementó sus ventas el resto del año en 16.983,22 euros más allá del contrato de mascarillas. En el mismo balance de cuentas se expresa que los aprovisionamientos fueron de 285.281,65 euros por lo que en números gruesos el beneficio rondaría los 133.331,57 euros.
Según la citada plataforma de consulta de datos empresariales, Butiken se crea con el objeto social como intermediarios del comercio de productos diversos y otras actividades como comercio al por mayor no especializado, comercio al por mayor de otros artículos de uso doméstico y comercio al por mayor de otra maquinaria y equipo, para pocos meses después ampliar el objeto social a agencias de publicidad, servicios de representación de medios de comunicación, estudio de mercado y realización de encuestas de opinión pública, relaciones públicas y comunicación o edición de libros.
La sociedad constituida el día 13 de mayo de 2020 inicia su actividad con dos administradores solidarios según la plataforma Empresia son Carlos López González y Yolanda Fidalgo Bouzas, a la postre yerno y cónyuge de Adolfo Alonso Ares, pintor y escritor nombrado en su día director del Instituto Leonés de Cultura (ILC) por parte del Partido Popular cuando gobernaba en la Diputación Provincial de León.
Yolanda Fidalgo Bouzas solo permaneció como administradora solidaria de la mercantil hasta el 10 de junio de 2020 es decir no llegó a estar como administradora solidaria un mes después de la creación de la sociedad.
Según la plataforma de contratación del Estado Butiken en 2020 solo firmó el citado contrato con la administración, en 2021 no hay ningún contrato firmado con alguna administración.
El 11 de enero de 2022 aparece un contrato con la Diputación Provincial de León por un importe de 12.314,05 euros para el suministro de ropa deportiva y servicios de bordado con el logo institucional para los árbitros organizadores del programa Deporte Base.
Según la representación legal de la empresa BUTIKEN afirma que «se constituyó el 13 de mayo de 2020 resultado de otras operaciones que se estaban realizando en relación con la fabricación de mascarillas. En el momento de su constitución, Carlos López González se encontraba con otros socios ajenos a BUTIKEN contactando con instituciones, empresas y organizaciones ofreciendo mascarillas de fabricación nacional»
Aunque en el portal de contratación del Estado solo aparece el citado contrato y otro en 2021 con la Diputación de León la empresa insiste en que «En su creación BUTIKEN se encuentra realizando operaciones con empresas privadas y pequeñas instituciones»
Además, a pesar del escaso tiempo de vidad de la empresa, recordemos que desde la creación hasta la adjudicación del contrato solo pasan 5 días naturales (3 hábiles), la empresa afirma que: «Tras la satisfacción de estos clientes, responsables en ese momento de abastecimiento de estos materiales en la Junta de Castilla y León contactan con Carlos López González para conocer al respecto de estos productos y de los servicios. A través de una jornada en la que se les explicó todo lo relativo a estos productos, tras evidenciar el conocimiento sobre estos productos y presentar toda la documentación formal relativa a ellos, la Junta propone la posibilidad de abastecer de este producto, dando el periodo de un mes para la suministración del mismo, y marcando el pago de la mercancía tras la entrega de la misma y una vez revisada y comprobada.»
Afirman que «la mercancía fue entregada y revisada acorde con el cumplimiento a la legislación vigente y los certificados aportados por la empresa antes de que la institución procediera con el abono de la factura.»
Continúan indicando que «En toda esta operación las comunicaciones se efectúan únicamente por dos interlocutores, Carlos López González por parte de la sociedad y de parte de la Junta el responsable de compras, y siempre por escrito estando todo ello documentado.»
Sobre la citada «carambola» indican «Lo que nuestro cliente definió como «carambola» viene a decir que fue una operación con la que se encontraron en el camino y en ningún momento esta estuvo para nada ligada a la fundación de la sociedad ni a su posterior funcionamiento.»
En cuanto a las personas citadas en el texto insisten en que «En la citada operación intervino únicamente por parte de la sociedad Carlos López González y no intervienen en ningún momento de forma alguna ninguna persona relacionada en parentesco con Don Adolfo Alonso Ares ni Doña Yolanda Fidalgo Bouzas» a pesar de que el propio Adolfo Alonso Ares reconoció a este medio que «ahora me dedico a las mascarillas y me va extraordinariamente bien»
Sobre el cambio de socios afirma que « se debió a causas personales de uno de los socios tal como se recoge en la escritura de compraventa de acciones y de cambio de administradores»
En cuanto a la facturación declara que: «relativo al peso de este contrato en la facturación anual del 2020 la empresa tuvo que pausar su actividad temporalmente, aunque como bien conoce Leonoticias, ha seguido funcionando durante los ejercicios 2021 y el 2022, siendo su principal fuente de ingresos agentes privados con los que su facturación ha sido superior a los 100.000,00 €.»
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