150 juicios entran al día en los Juzgados de León, que 'chocan' con la huelga de Letrados de Justicia

Las tres asociaciones convocantes -la Unión Progresista de Letrados (UPSJ), la Asociación Independiente de LAJ (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados- han indicado en varios comunicados que la manifestación tendrá «el mismo recorrido que la del día 24 de enero»; es decir, desde la madrileña Plaza de Callao hasta la sede que el Ministerio tiene en el número 45 de la calle San Bernardo.

El comité de huelga ha asegurado que adoptó esta decisión tras «las infructuosas reuniones de esta semana» en las que, según ha subrayado, «los representantes ministeriales decidieron unilateralmente que las comunicaciones deben producirse mediante el intercambio de propuestas por medio de correo electrónico».

«Entendemos que esa forma de relacionarse con el Comité de Huelga demuestra claramente su falta de voluntad de solucionar el conflicto», han señalado en referencia a la huelga indefinida que mantienen en busca de una mejora salarial para compensar la carga de trabajo que han asumido en los últimos años.

Mientras una media de 150 juicios entran al día en los Juzgados de León que 'chocan' con la huelga de Letrados de la Administración de Justicia. Según se remarca desde el cuerpo de Procuradores unos 10.000 actos judiciales se encuentran hoy pendientes de firma y por lo tanto bloqueados, eso incluye desde notificaciones hasta pagos por indemnizaciones y todo tipo de actos judiciales.

La cifra podría doblarse en las próximas semanas si se mantiene esta huelga mientras los abogados leoneses creen que se va hacia una situación de «colapso» en una administración pública que gestiona 53.000 pleitos anuales según los datos de Justicia.

Mientras esta semana, la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha pedido a los LAJ que formulen «nuevas propuestas» al considerar que las recibidas hasta la fecha «no son viables» y que los funcionarios tienen que ser «realistas». Al hilo, ha incidido en que Justicia «está abierta al diálogo» con los letrados, aunque ha insistido en que la «posición» que mantienen no es asumible por su departamento, informa Europa Press.

Cabe recordar que la reunión del martes 28 de febrero --la cuarta en el marco de las negociaciones desde que empezó la huelga indefinida--, culminó sin acuerdo, con reproches entre ambas partes y sin fecha para un nuevo encuentro.

Aquel día, el comité de huelga acusó a Justicia de presentar una propuesta «inaceptable» y de querer resolver por correo electrónico la huelga, mientras que el Ministerio recalcó que los huelguistas persistían «en pedir un incremento salarial de unos 1.100 euros al mes».

Los LAJ han negado en sus comunicados haber pedido dicho importe y han acusado a Llop de «propalar bulos e informaciones inexactas en una guerra sucia impropia de responsables públicos que en solucionar de una vez el grave conflicto existente».

«Nunca hemos reclamado la cantidad de 1.100 euros de subida para todos los miembros de nuestro Cuerpo», han apuntado. «Nos atenemos al compromiso de abril de 2022 y reclamamos un porcentaje del 85% del sueldo del juez o magistrado correspondiente», han añadido sin precisar importe alguno.

Al margen, los LAJ del Supremo han emitido también un comunicado en el que inciden en que «no hay motivos para desconvocar la huelga», al tiempo que han subrayado que «no es cierto que sea jurídicamente imposible la denominada cláusula de enganche» porque «de ser así no lo habría propuesto el CGPJ».

Desde la última reunión y de cara a la manifestación de este jueves, las asociaciones han remitido al Ministerio de Justicia una solicitud de convocatoria presencial y la comparecencia de un mediador en las reuniones.

«Ante la negativa a seguir manteniendo reuniones presenciales para concluir una negociación que ponga fin al conflicto (...) este Comité de Huelga considera que, como en cualquier otra negociación seria, no deberá mantenerse más contacto que las reuniones presenciales y los traslados informáticos y físicos de la documentación que en las mismas se acuerde», han indicado.

Al hilo, han solicitado «expresamente» que «a las próximas reuniones presenciales acuda un mediador designado de común acuerdo, con la finalidad de acercar las posturas enfrentadas y con la finalidad de alcanzar una pronta resolución de la insostenible situación que esta causando un perjuicio ya irreparable para cientos de miles de personas».

Según los cálculos de los convocantes, el conflicto deja ya unas 300.000 vistas suspendidas y cerca de mil millones de euros bloqueados por el parón. Todo tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».

En estas siete semanas, las asociaciones convocantes han registrado una participación de entre el 85% y el 73%, mientras que el Ministerio ha observado entre un 33,92% y un 18,9% de seguimiento.