Visto para sentencia el juicio por la Púnica en León con la petición de absolución por las defensas

Además de todo ello, Pedro Vicente y Jesús López han remarcado su deseo de no intervenir en el cierre del juicio, al igual que la encausada Guadalupe Caballero, quien se había excusado con anterioridad.

Durante el turno de los letrados para la exposición final de conclusión la representación de Pedro Vicente Sánchez García, entonces coordinador de área en la Diputación, ha pedido la absolución del mismo, pidiendo la imposición de costas a la acusación.

Al mismo tiempo se ha pedido que se apliquen dilaciones indebidas en el procedimiento, además de indefensión para Pedro Vicente Sánchez al carecer de acceso a determinadas pruebas aportadas en la causa.

El letrado del excoordinador de la Diputación ha incidido de forma reiterada en la ausencia de información por carencia de accesos a determinadas áreas de la pieza Púnica y ha insistido en que los principios para la «igualdad de armas» en el pleito «han sido vulnerados».

El letrado ha remarcado que su representado no tenía capacidad alguna para cometer los delitos se le imputan, que no estaba en el gabinete de prensa y que su puesto era eventual. «No se puede construir una argumentación tan vaga de pruebas», ha llegado a asegurar.

«No hay llamadas, no hay nada. solo hay vagas alusiones en el informe policial», ha añadido. Igualmente ha remarcado que no había relaciones con De Pedro o Conesa. «Mi representado no es la mano derecha de nada. Y ahí están los correos electrónicos que lo prueban», ha relatado.

A lo largo de su extensa intervención ha recordado que Pedro Vicente firmaba los pagos a Madiva porque tuvo que asumir esa función al quedar sin cubrir el puesto de jefe de prensa de la Diputación, sin que existiera actividad ilícita en ella ni complot alguno.

En la misma línea se ha mostrado este jueves la defensa de Jesús López, entonces interventor de la Diputación Provincial de León, para quien ha solicitado la absolución.

«No hay motivación juridica» para ello, ha remarcado. Y ha ido más lejos al asegurar que en las acusaciones no se ve argumentación alguna que las sostenga. «¿Malveración? ¿Dónde?», se ha preguntado. «No hay carga probatoria», ha llegado a asegurar.

«En el tema de San Isidro no se puede hablar de adjudicación pública, porque no ha nacido ningún expediente al respecto», también ha comentado en un sereno y expresivo alegato defensivo.

Para mayor abundamiento ha remarcado que, a tenor de las tesis de la acusación, parece deducirse que su defendido tenía que haber visto entre las más de «36.000 facturas» visadas por intervención las «25 de Madiva» a las que había tenido que poner un reparo. «Decir esto es desconocer el funcionamiento de la propia administración», se ha llegado a asegurar.

Durante su recorrido por la causa ha reprochado a la Fiscalía hablar de una 'caja B' de la presidencia en el momento de hablar del dinero previsto para comunicación. «Es inadmisible decir algo así», ha remarcado.

Tras reiterar en su exposición las evidencias de que nada inculpatorio hay ni en los actos, ni en las pruebas documentales ni en las acusaciones el letrado ha pedido la absolución de su representado «con todos los pronunciamientos favorables».

Todos los argumentos de las defensas de Pedro Vicente Sánchez y Jesús López han sido remarcados por la representación de la empleada de Madiva, Guadalupe Carrascosa.

La jornada de este jueves se ha iniciado con la protesta de la Fiscalía por las limitaciones de tiempo expuestas por el tribunal de la causa. «Un aspecto que nos ha producido indefensión y dejamos constancia de nuestra protesta ante un posible recurso», se ha advertido en sala.

Un apunte que ha sido secundado por la acusación particular que se ha adherido a la protesta en la sala: «Se nos ha vulnerado el derecho reconocido en el artículo 24 de la Constitución española», ha apuntado la acusación.

Durante el juicio el supuesto conseguidor de la trama, Alejandro de Pedro, junto con el asesor José Antonio Alonso Conesa han defendido su inocencia frente a la acusación de la Fiscalía, quien ve a ambos como los responsables de una trama urdida para mejorar la reputación inicialmente de Isabel Carrasco a cambio de pagos en publicidad en sus diarios digitales, una red 'zombie' que se ocupara de difundir noticias 'ad hoc' de los interesados.