Isabel Carrasco, asesinada siendo presidenta de la Diputación Provincial de León, se sentía amenazada por las informaciones que sobre su persona se difundían a través de los periódicos digitales.
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Ella, que ejercía un control férreo sobre la prensa, la radio y la televisión local ... con el uso de las aportaciones directas de publicidad que otorgaba de forma personal, no había logrado someter a esa parte de la prensa local, especialmente a leonoticias.
Lo que en un primer momento no resultaba a nivel personal una cuestión inquietante para Carrasco derivó en una preocupación máxima especialmente a raíz de la publicación del 'caso kilometrajes', donde se demostraba que cobraba kilometrajes utilizando el vehículo oficial de la institución provincial.
Trabajos reputacionales ante el temor a leonoticias
Que la información trascendiera, que avanzara y que las noticias sobre este asunto resultaran 'incontenibles' a través de la red le hizo tomar a Isabel Carrasco una determinación tajante: contratar los servicios de 'especialistas' que trasladaran (esencialmente las informaciones de leonoticias) a un plano irrelevante en las búsquedas de internet.
Para conseguir sus objetivos el empresario Alejandro de Pedro creó una serie de periódicos 'zombies' en los que se replicaban las noticias de la Diputación Provincial de León con el fin de 'blanquear' a Carrasco.
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Y en ese punto nace la 'operación Púnica' que ahora llega a la sala de la Audiencia Nacional. Alonso Conesa y De Pedro, a través de EICO y Madiva, «realizaban trabajos de reputación en internet para autoridades y cargos electos que generaban una deuda a su favor que más tarde se sufragaba por esos cargos por procedimientos irregulares», según los autos.
Carrasco les 'fichó' sin procedimiento administrativo alguno para posicionar en lugares no relevantes las informaciones de leonoticias, esencialmente, y dentro de las mismas especialmente aquellas que tuvieran que ver con los kilometrajes que había cobrado de forma irregular y que el resto de medios omitía por su sometimiento a través de pagos mensuales en concepto de publicidad.
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Relación de confianza
Según el juez, «esta manera de proceder» permitía a los responsables de las empresas «no solo obtener un lucro económico directo, sino también acceder a una relación de confianza con las autoridades públicas que les daba acceso a una red de contactos que les facilitaría acceder a contratos públicos para sí o para terceros».
Carrasco vio en ellos la solución a sus problemas y, como en otras muchas ocasiones, derivó la contratación en terceros, esencialmente su vicepresidente Marcos Martínez. Ni uno ni otro contaban, en todo caso, con el hecho de que un juez de la Audiencia Nacional tramitara escuchas con posterioridad al extenderse estas prácticas a otras comunidades.
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90.000 euros
El juez, en su instrucción, cuantifica en 90.000 euros los fondos públicos que recibieron estas sociedades de forma irregular por los servicios de reputación online prestados y señala que realizaba los trabajos para los fines personales del expresidente de la Diputación, «alejados del bien común, con el correlativo perjuicio para las arcas públicas».
Aquel caso y aquellas escuchas derivaron con posterioridad, una vez fallecida Isabel Carrasco, en la detención de quienes tomaron su relevo en la institución provincial y que mantenían la dinámica de contactos con las mencionadas empresas que por entonces ya habían dado el salto de la reputación en internet a 'conseguidores políticos' o 'mediadores' en actividades vinculadas a bienes de la propia Diputación.
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La intervención temrinó salpicando a otras instituciones y a empresarios, como el leonés José Luis Ulibarri, cuyo imperio abarcaba los medios de comunicación, constructoras y empresas de servicios.
Del 10 de noviembre al 1 de diciembre
La intervención judicial llevó entonces a la detención de Marcos Martínez, por entonces presidente de la Diputación de León, además de otros encausados.
Ahora, casi una década después, la Audiencia Nacional juzga esa pieza dentro de la denominada 'Operación Púnica' en sesiones previstas para los días 10, 14, 15, 16, 17, 28 y 30 de noviembre y 1 de diciembre.
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Han pasado ocho años y, como entonces, Marcos Martínez Barazón, expresidente de la Diputación de León, sigue defendiendo su inocencia. Aseguró entonces, y mantiene hoy, que «nunca se hizo nada ilegal» al mismo tiempo que ha remarcado de forma reiterada que su trabajo como presidente de la institución fue «en beneficio de León» sin alejarse de la legalidad.
Peticiones de la Fiscalía y las defensas
Junto a él será juzgado Jesús López, interventor de la Diputación provincial, el alcalde de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, además Alejandro de Pedro -vinculados a las empresas contratadas por la institución- y el ex alcalde de Cartagena, José Antonio Alonso Conesa.
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En los autos el Fiscal piden ocho años de prisión para el actual alcalde de la localidad de Cuadros, Marcos Martínez, y siete para Jesús López y Pedro Vicente, además de cinco años para Alejandro de Pedro y cinco y medio para Alonso Conesa.
Frente a esa petición las defensas exigen la absolución por falta de pruebas además de alegar dilaciones indebidas en el procedimiento.
Un sumario con miles de folios
Los miles de folios del sumario de la 'operación Púnica', apuntan a una red corrupta que extendió sus redes sin ningún freno entre 1999 y 2014 por la Comunidad de Madrid, León y Murcia. En su conjunto se estima que se movieron 250 millones de euros.
SORTEOS
Marjaliza era un hombre con suerte en los juegos de azar. Tanta como el también imputado y condenado, Carlos Fabra. Según el sumario, a Marjaliza le tocó la lotería ocho veces. Ganó 257.412 euros en seis sorteos de la Lotería Nacional y dos de la ONCE entre diciembre de 2002 y marzo de 2004, de acuerdo a la información facilitada por la Agencia Tributaria.
BLANQUEO MASIVO
Según uno de estos atestados de Hacienda, cinco de las sociedades de Marjaliza lograron blanquear en apenas dos años (entre 2004 y 2006) al menos 4,4 millones. El sistema, sostienen los investigadores, era siempre el mismo: facturas falsas de nueve sociedades, algunas pantallas, por servicios que jamás se llegaban a prestar.
EN UN DÍA
Siempre de acuerdo a la información enviada al juez Eloy Velasco por Hacienda, el exconsejero Granados, en menos de 24 horas, tuvo unas ganancias de tres millones de euros por la venta de inmuebles. Para la Agencia Tributaria todas estas operaciones son sospechosas, especialmente la revalorización que conseguía el exalcalde de Valdemoro de sus propiedades. Valga como ejemplo que vendió una propiedad por 672.000 euros que ocho años antes había comprado por solo 62.000.
RECALIFICACIONES
El tándem Granados Marjaliza dio uno de los mayores pelotazos de su carrera en Valdemoro, ciudad de Madrid en la que fue alcalde el exconsejero entre 1999 y 2003. En esa etapa recalificó unas parcelas en el sector de Canto Negro de Valdemoro, algunas de ellas de su propiedad, que luego vendió a sociedades de Marjaliza. En esa operación ambos se llevaron una plusvalía de al menos 1,4 millones de euros, casi diez veces más del precio de compra de los terrenos solo cuatro años antes.
SIN MOTIVO
Granados y Marjaliza llegaron a mover tal cantidad de dinero con su entramado corrupto que en algunos casos ni siquiera pudieron dar una apariencia legal a los pagos. Es el caso de Vancouver Gestión, que entregó casi siete millones de euros al ayuntamiento de Valdemoro de los que «no se localiza cuál puede ser la razón», según admite sin ambages la Agencia Tributaria.
DENUNCIA ANÓNIMA
Una denuncia anónima presentada en marzo de 2013 ante la Fiscalía Anticorrupción fue el origen de la 'operación Púnica'. En ella se apuntaba que la empresa Waiter Music, propiedad del empresario José Luis Huerta, imputado, organizaba «por decreto» las fiestas patronales de «la mayoría de los grandes municipios de Madrid». Y que era Granados el que se dedicaba a convencer a los alcaldes para que contrataran con esta mercantil «y ya de paso llevar a cabo unos contratos muy sobreelevados, en donde una cantidad sobrante vuelve al partido». La supuesta financiación irregular del PP, no obstante, no ha sido nunca objeto de esta investigación.
CUENTAS EN EL EXTRANJERO
La Agencia Tributaria admite en sus informes que buena parte del dinero conseguido por la trama Púnica ha ido desapareciendo en los últimos años, probablemente en cuentas en el extranjero que todavía no han sido localizadas. «La renta disponible anual del matrimonio formado por Granados y Nieves Alarcón resulta ser de muy escasa cuantía o incluso negativa, lo cual es un indicio de que el matrimonio dispone de otras fuentes de ingresos que resultan por ahora desconocidas», explican los técnicos, que afirman que a partir de 2009 «se observa una disminución en los saldos de sus cuentas bancarias que es su fuente de ingresos u origen de fondos» utilizados durante los años de los grandes pelotazos.
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