La vía judicial de 'caso Caja España' se mantiene abierta tras el recurso ante el Supremo por parte de IU

Los abogados de la coalición, que se personó en el caso como acusación popular, argumentaron hoy que basarán su recurso en las contradicciones en las que han incurrido la propia Audiencia de León, que delimitó la comisión de los delitos a los acuerdos adoptados en sesión del Consejo de Administración de Caja de España de 8 de enero de 2009, a la vez que sostienen que se trata de un delito continuado que comenzó en 2007 y se prolongó hasta enero de 2012.

La abogada Ana Peñalosa, que este jueves compareció junto a su compañero Alberto López Villa, explicó que la denuncia del caso, presentada por la Fiscalía, data de mayo de 2013, mientras que las declaraciones de los investigados comenzaron en 2015.

En la denuncia se apuntaba a un posible delito societario de los miembros del Consejo de Administración de Caja España entre 2009 y 2012 por la refinanciación de una serie de préstamos a favor de empresas del que entonces era presidente de la entidad, Santos Llamas. En total, según sostuvo la Fiscalía, estas operaciones generaron un perjuicio económico a la entidad de casi 60 millones de euros.

Por su parte, el coordinador regional de IU, José Sarrión, afirmó que la coalición seguirá combatiendo la corrupción y «luchando hasta que los culpables de la crisis económica paguen por lo que hicieron». Además, aseguró que el archivo de esta causa, como el 'caso Enredadera' pone de manifiesto que la «corrupción en el modelo capitalista es estructural».

Sarrión argumentó que «estamos ante un capitalismo de amiguetes en el que la sociedad está dirigida por el poder económico y no por las personas que nos presentamos a la elecciones». Además acusó a Partido Popular, PSOE y Ciudadanos de «favorecer» el enriquecimiento de los grandes empresarios y explicó que en el 'caso Caja España' los consejeros del PP y PSOE votaron en contra de las directrices del Banco de España y de los informes técnicos de la propia caja, para conceder préstamos a Santos Llamas y sus empresas».

IU cuenta en la presentación de este recurso con el apoyo de la Plataforma de Afectados por la Preferentes. El vicepresidente de este colectivo, Raúl Prudencio, aseguró que después de más de 7.000 juicios ganados y de haber recuperado 270 millones de euros, «seguimos queriendo justicia y que los responsables de esta gran estafa paguen por el daño que hicieron».

Prudencio, que cifró en 21.000 las familias afectadas por las preferentes en la Comunidad, aseguró que el objetivo ahora es que la Justicia señale a los «responsables de la quiebra de la Caja y de la estafa que sufrimos los clientes más cercanos, los de la casa, y que provocó que se truncaran los proyectos de vida de miles de familias».