El empresario leonés José Luis Ulibarri pasará a disposición judicial en las próximas horas tras su detención en el marco de una macrooperación contra una supuesta red de amaños en sistemas de tráfico que se saldó con una decena de detenidos en León.
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Según la ... previsión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, diez de los 15 detenidos pasarán este miércoles a disposición judicial del Jugado de Instrucción nº2 de Badalona, que mantiene el caso bajo secreto, y el resto lo hará durante la jornada de este jueves, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Entre ellos se encontrarían otros cinco leoneses. El diputado por Ciudadanos Juan Carlos Fernández y su asesor Sadat Maraña, la mano derecha de Ulibarri, Miguel Hernán Manovel García, y el exconcejal del PSOE en Astorga y delegado del Grupo Agema, Juan José Simón Callejo.
Dos responsables de la empresa Gespol, el jefe de la policía local de Tiana (Barcelona) y un informático del Ayuntamiento de Mollet del Vallès (Barcelona) ya han pasado a disposición del juez tras ser detenidos ayer en una macrooperación contra una supuesta red de amaños en sistemas de tráfico.
Estos cuatro detenidos en Cataluña, que han pasado la noche en la comisaría de la Policía Nacional en La Verneda de Barcelona, han sido trasladados ya a los juzgados de Badalona. Junto a Ulibarri pasará a disposición judicial el jefe de la policía local de Fuenlabrada.
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El Ministerio Fiscal inició la operación en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona (Barcelona), con la participación más de medio millar de agentes en toda España bajo la dirección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional.
En total se practicaron 55 entradas y registros en ayuntamientos, domicilios y sociedades. Estos registros se realizaron, entre otras, en las provincias de Barcelona, Gijón, Huesca, León, Madrid, Málaga, Oviedo, Teruel, Valladolid, Vitoria y Zaragoza.
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La causa, declarada secreta, está abierta por los delitos de prevaricación administrativa, fraude a la administración pública, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, revelación de información privilegiada, falsedad documental, cohecho, alteración de precios de concurso público y pertenencia a organización criminal.
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