Izquierda Unida Local de León exige la dimisión de concejales, diputados y cualquier cargo público que resulte investigado en la Operación 'Enredadera'

El juez investiga hechos tan graves como si se facilitó la adjudicación de concursos públicos a las empresas implicadas en la trama, cuyo cerebro, José Luis Ulibarri, está ya en prisión, y si de esas posibles actuaciones ilícitas se derivan delitos de prevaricación administrativa, cohecho, tráfico de influencias, violación de secretos por funcionarios, malversación de caudales públicos o falsedad de documentos. 'Por eso exigimos al alcalde, aunque ya sabemos de la pasividad del PP ante sus cargos investigados y su inexistente aportación a la regeneración política de la que tanto presumen, que suspenda de funciones a este concejal, puesto que hay indicios suficientes de que pudo cometer alguna adjudicación fraudulenta'

También en Ciudadanos, Juan Carlos Fernández, diputado provincial, y Sadat Maraña, han sido puestos en libertad con cargos tras prestar declaración por la red de amaños a contratos públicos. El juez ha acordado la retirada del pasaporte y personaciones periódicas ante la autoridad judicial.

'En este sentido, resulta llamativo que un partido como C´s, con tan solo tres años desde su implantación en la provincia de León, y que teóricamente, según sus declaraciones, venía a 'regenerar la política', tenga ya implicados a dos de sus miembros más destacados en esta trama. El 'lavado de cara' de la nueva derecha ha resultado ser más de lo mismo. Sus declaraciones de supuesta regeneración quedan muy en entredicho. Es necesaria una nueva forma de concebir y hacer política y la regeneración pasa por acabar con un sistema que fomenta la corrupción y que tiene su base en el capitalismo neoliberal más feroz' explica Joaquín Rodero

'En general, si se hace un análisis de la corrupción en esta provincia vemos que la fotografía actual es muy grave y preocupante: además de los hechos acaecidos ayer, dentro de la llamada «Operación Enredadera», cabe recordar también que ahora mismo están abiertos varios juicios, en los que el ministerio fiscal pide en algunos penas de entre siete y ocho años de prisión para representes políticos que actualmente no solo siguen en activo, sino que incluso gobiernan su municipio, como es el caso por ejemplo del ex presidente de la Diputación y actual alcalde de Cuadros, Marcos Martínez o el alcalde de Puebla de Lillo y ex diputado Pedro Vicente Sánchez. Todos estos casos de corrupción causan un grave daño a la democracia, ya que producen una fuerte desafección en la ciudadanía, que pierde la confianza en la política, pues considera que solo se utiliza para servir a intereses privados y particulares, en lugar de ser la herramienta de que nos hemos dotado para organizar la vida en sociedad y velar por el bien común', concluye.