Izquierda Unida de León reclama las inmatriculaciones de bienes inmuebles de la Iglesia Católica

Carmen Franganillo, coordinadora del grupo local, ha recalcado que «desde los primeros años del franquismo, y hasta recientemente, se han llevado a cabo numerosas inmatriculaciones de bienes inmuebles, con todo lo que contienen en su interior, por el ámbito eclesiástico y con el simple certificado del diocesano correspondiente sin acreditar título de propiedad». Así, destaca que «primero, basándose en una normativa franquista y, desde 1998 y hasta 2015, en un Decreto del presidente Aznar para permitir la inmatriculación de templos de culto, produciéndose un expolio monumental».

«Estas normas, de dudosa constitucionalidad, ya han sido reprobadas con dureza al país por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declarando, además de declarar su nulidad. Así, debe quedar claro que el uso, en este caso, litúrgico, no implica propiedad y que en muchas ocasiones dichos bienes se han llevado a cabo con dinero público», explica.

Erika Redruello, de la coordinadora local de IU, ha destacado que, «dadas las circunstancias de adquisición, esas inmatriculaciones deberían ser declaradas nulas, devolviendo dicho patrimonio cultural a la sociedad que, en gran parte de las ocasiones, ha sido mantenido y restaurado con dinero público».

«Así, se ha presentado la moción para la adopción de cinco acuerdos. Primeramente, instar a los Registros de la propiedad de León a que emitan y remitan al Ayuntamiento de León todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia Católica en sus distintas denominaciones: diócesis, obispado, parroquia o similares. En segundo lugar, dar traslado de esta información tanto a los grupos municipales como a la ciudadanía e instar al Gobierno nacional a que en tres meses ordene la cancelación por nulidad insubsanable de todos los asientos practicados por la jerarquía católica; y a que, en seis, se habiliten los mecanismos necesarios para calificar nuestro patrimonio cultural y religioso de dominio público. Dando traslado de estos acuerdos al Parlamento y al Congreso de los Diputados», reivindica.

Para finalizar, la organización ha recalcado que «dicha normativa deberá ser aplicada a todo tipo de inmuebles, no sólo templos de cultos, sino viviendas, parcelas, locales, solares, edificios, cementerios y fincas; observando posibles daños y perjuicios y reclamando dichos desperfectos y legislándolos para blindar la propiedad de los bienes de carácter público.»