Izquierda Unida demanda una «gestión del agua pública, sostenible y al servicio del bien común»

El profesor Calabuig explicó en una jornada organizada por IU que el agua es trascendental para todos los procesos físicos, químicos y biológicos de la tierra, pero también controla la temperatura del planeta. “La vida, cualquier vida necesita agua. El agua dulce es un bien muy escaso, cuya gestión debe contemplarse como un recurso básico, fuera de la lógica empresarial de obtención de ganancias. El agua dulce es un bien muy valioso y escaso, que debe ser estar bajo gestión pública” afirmaba Calabuig.

El problema, explicaba el Catedrático, es que “el ciclo social del agua establece que solo cuando no llueve, o en época de sequía, es cuando aparece la preocupación social. Y cuando vuelve a llover otra vez, nos olvidamos. Y así se repite este ciclo de forma sucesiva”.

En Castilla y León la evolución del consumo diario de agua por persona desde 2000 a 2014 es a partir de 2014 la que mayor gasto tiene de todo el Estado (165, frente a una media de 120). El agua que se utiliza para cocinar o beber es la misma que se tira por la cadena del wáter o para lavar el coche. «Ambas están potabilizadas, y eso es un desperdicio y no se ha resuelto a nivel de gestión en España, no así en otros países».

Por su parte, la concejala de Medio Ambiente y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Valladolid, María Sánchez Esteban, ha expuesto el proceso para remunicipalizar el ciclo del agua en la ciudad como ejemplo de la defensa de los servicios públicos. «Argumentando que la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (2013), más conocida como "Ley Montoro", endureció los requisitos para que los Ayuntamientos pudieran recuperar la gestión directa de un servicio. Cuando un servicio se externaliza y privatiza, se presupone eficiencia y sostenibilidad económica per se desde una ideología neoliberal», informan en el comunicado.

En cambio añaden que «cuando se demuestra que esa privatización no ha funcionado y algún municipio se plantea su remunicipalización y su recuperación para ofrecer mejor servicio público, resulta imprescindible acreditarlas exhaustivamente». Tras las conferencias, desde IU León aseguran que «la experiencia de Valladolid demuestra que sí se puede y que es mucho más beneficioso para la ciudadadanía y para el erario público, pero sobre todo para una concepción de que los bienes comunes deben ser gestionados democrática y públicamente y no convertirlos en negocio».

Finalmente Eloina Terrón, Coordinadora Provincial de Izquierda Unida analizó la nueva Estrategia de Recursos Minerales de Castilla y León 2016-2020, que recoge 34 medidas para impulsar la actividad productiva en torno al patrimonio geominero, y en la que el agua mineral está considerada un recurso minero, sobre el que hay 19 solicitudes de declaración de aguas minerales solo en la provincia de León, para su posterior explotación, más 14 ya con declaración de agua mineral, que también está en juego su posible explotación comercial.

Todos los ponentes concluyeron que otra gestión es posible y necesaria: «una gestión pública al servicio del bien común y no del negocio privado». Desde Izquierda Unida «estamos convencidos que lo es. Es necesario considerar el agua como un bien común universal, necesario para la vida y no permitiendo que se use como una mercancía, ni pensando únicamente en cubrir necesidades inmediatas y no de futuro».