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El pasado 21 de noviembre, el Partido Popular en el Ayuntamiento de León pedía al equipo de gobierno el informe sobre el control financiero correspondiente al año 2024 del que se debe informar al pleno. El 5 de diciembre, la respuesta fue que se encontraba «incompleto» y a la espera de unas aclaraciones. Más tarde, el 27 de diciembre se preguntó en San Marcelo por la situación de dicha documentación y este 10 de enero el grupo municipal recibía el escrito que Intervención había remitido en septiembre. «Esperamos dos meses para recibir una información que se envía en 10 segundos», empezaba en su denuncia el portavoz de la oposición David Fernández.
El «oscurantismo» con el que critica al alcalde José Antonio Diez viene dado, a juicio del popular, por la «enmienda a la totalidad» de la gestión del regidor que recogía dicho informe de Intervención. Todo ello en base a la situación en la que se encuentran los servicios de la ciudad, el retraso en las obras en ejecución y diferentes «irregularidades» en los contratos que desprende el escrito. «Tras seis años, el alcalde ya no puede escapar a esas consecuencias», remataba Fernández.
La denuncia que venía pregonando el Partido Popular ha encontrado el refrendo en la comunicación que el interventor municipal remitía al propio equipo de gobierno y que «pone en evidencia su gestión elevándolo a documento oficial» del cual tendrá que dar cuenta en el pleno.
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El portavoz del Grupo Municipal Popular ha desgranado el contenido del informe en tres puntos que hacen referencia al cumplimiento de la normativa en contratos, la información financiera y el personal municipal.
Sobre Contratación, el interventor ha señalado las «irregulares» prestaciones extemporáneas para el renting de vehículos de la Policía Local, los trabajos de mantenimiento o los servicios sociales, que suman 4 millones de euros. También existen prestaciones en las que se ha «prescindido» del trámite administrativo por 800.000 euros como en el mantenimiento del parque de La Chantría o el ensombrado de notificaciones. «No estamos en contra de ellas, pero tienen que ser legales», deduce Fernández, que pone el foco en «un posible fraude» en el criterio de reducción del plazo de ejecución en detrimento de la oferta económica más ventajosa. A ello suma la denuncia del retraso en «todas» las obras en ejecución en la ciudad y avanza una auditoría del interventor en edificaciones, infraestructuras y obras. También habla de la falta de existencia de un plan de inversiones plurianuales para actuaciones como la canalización de la red de calor, el alumbrado público, el saneamiento o la zona de bajas emisiones.
La «falta de fiabilidad» financiera también aparece en el documento de Intervención en base a la falta de registro de bienes y muebles del Ayuntamiento de León que evita calcular su patrimonio o el coste de los servicios que se prestan. Además del prorrogado contrato del transporte urbano, a la espera de un convenio con la Junta de Castilla y León para rediseñar las líneas de autobús con el alfoz, también se pone en evidencia la «ilegalidad» de la situación del parking en precario de San Marcelo. Y con afectación directa al bolsillo de los leoneses están los 4 millones de euros de la tasa de eliminación de residuos domésticos que aún no se ha liquidado por la «inexistencia» de padrón fiscal. «Esa cuenta está desequilibrada y acabarán repercutiendo en que los vecinos tengan que pagar este año la tasa de 2024 y la de 2025». También aparece la subida de la tasa de basuras que se ha hecho «a ojo de buen cubero» al carecer de censo.
El informe aborda, además, la situación de la planificación de los recursos humanos del consistorio ante el «absentismo, la falta de control y evaluación» del personal que deja «muchas quejas» en los trabajadores por la sobrecarga de unos y la falta de labor que ejecutan otros.
Fernández cree que con este escrito «poca salida» le queda al alcalde para justificar «una mala gestión» que advertía la oposición y ahora advierte el interventor. «Esperamos que mejore en transparencia y más compromiso en su gestión con humildad y bajar de su nube. León necesita que parloteen menos y que gestionen más», sentenciaba.
El PP mantiene abierta la vía judicial para denunciar esta situación, aunque esperará a «ver cómo evoluciona» un problema «anquilosado» y que tiene como gran referente a la gestión de San Marcelo.
A penas una hora después de las declaraciones de los populares llegaba la respuesta del alcalde de León, José Antonio Diez. Asegura que el informe analiza cuestiones específicas y que forman parte de la «gestión habitual» de un Ayuntamiento.
José Antonio Diez explico que el informe «analiza cuestiones evidentes», alguna de las cuales «estaban ya subsanadas con anterioridad a que se emitiera», así como otras cuestiones «básicas». Entre estas últimas, el alcalde de León aludió al contrato de transporte público, respecto al que recordó que «se trata de un convenio firmado con la Junta de Castilla y León», por lo que «no es una cuestión irregular».
Calificaba las palabras de Fernández de meras «valoraciones» y le invitaba a acudir a los juzgados si considera que hay algo «irregular».
A la vista del informe emitido por el interventor, que el PP había solicitado en el mes de noviembre, desde el Grupo Municipal de UPL entienden que resultan «tremendamente graves» cuestiones como lo que afecta a servicios sociales, limpieza viaria, mantenimiento de edificios y movilidad por prestaciones realizadas fuera del ámbito temporal de los contratos, así como «irregularidades» en cuanto al control interno de los ingresos, con unos desfases «desproporcionados», teniendo en cuenta que hay partidas como el IBI, transferencias de la Administración del Estado o multas que se reiteran año a año, irregularidades en los contratos como los del servicio de la grúa, rénting de vehículos de servicios de limpieza y policía, contratos de ayuda a domicilio, o contratos de servicio de suministro energéticos en los que las licitaciones han dado lugar a prórrogas «irregulares», así como otros reparos en el informe del interventor que ya habían denunciado en pleno, según manifiestan, en relación con reconocimientos extrajudiciales de crédito que requerían de los debidos contratos sin que se solucione esta situación reiteradamente y que incluso ya ha motivado algún voto en contra, por esta irregularidad, por parte de UPL en pleno.
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