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Los interinos leoneses han vuelto este miércoles a la calle para exigir que se acabe «con un fraude de ley» en el que se encuentran, y lo han hecho en esta ocasión ante la Subdelegación del Gobierno de la capital donde han entregado sus reivindicaciones ... a Faustino Sánchez, subdelegado en León.
Los trabajadores, de nuevo, han reclamado el puesto fijo para 3.500 interinos, exigen pasar a ser fijos y que sus plazas no salgan a oposición «cumpliendo con las directrices de Europa».
«Somos trabajadores que llevamos muchos años en fraude de ley, con contrato temporal, y nos quieren mandar a la calle sin indemnizaciones y sin valorar nuestra experiencia, sin aplicar la ley que nos obliga a hacernos fijo», ha señalado Isaac Castañeira, uno de los interinos concentrados.
Son 3.500 los leoneses afectados por esta situación en todas las administraciones, desde ayuntamientos, Diputación, Junta de Castilla y León o el Estado. Se han concentrado frente a la Diputación para reclamar esa fijeza, para decir que no se pueden quedar sin trabajo por que, aseguran, es «un error de la administración».
Lamentan las «nulas» ganas de entendimiento por parte de todas las administraciones, más aún después de un encuentro programado con el ministro Iceta en el que el representante estatal no apareció.
La concentración de este miércoles ha tenido lugar días después de que la Sala Cuarta del Tribunal Supremo acordara por unanimidad que un trabajador interino pasará automáticamente a ser indefinido no fijo cuando transcurran tres años de contrato sin que se haya resuelto el proceso de selección de su vacante, en aplicación de la reciente doctrina establecida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la «abusiva» situación de estos trabajadores en el sector público español.
En un fallo conocido este lunes del que todavía no se ha facilitado la sentencia, el alto tribunal ha decidido rectificar la aplicación que venía haciendo de su propia doctrina en relación a la duración del contrato de interinidad por vacante en el sector público. De este modo, los magistrados han determinado que la duración máxima de un contrato de interinidad será la del periodo de tiempo durante el que se prolongue el proceso de selección para cubrir dicha vacante, y fija un máximo de tres años para que adquiera la condición de trabajador indefinido no fijo.
«A falta de previsión normativa la Sala entiende, con carácter general, que una duración superior a tres años debe considerarse injustificadamente larga, lo que comportará que el trabajador interino pase a ostentar la condición de indefinido no fijo«, recalca el comunicado hecho público por el alto tribunal.
A su juicio, el cómputo de tal plazo no puede verse interrumpido por normas presupuestarias sobre paralización de ofertas públicas de empleo, «ya que la cobertura de vacantes cubiertas por trabajadores interinos no implica incremento presupuestario«. El mismo texto destaca que la primera de las sentencias deliberadas y votadas en el pleno, cuya redacción se encargó al magistrado Ángel Blasco Pellicer, se dará a conocer «en breve».
Precisamente, el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, está trabajando con los agentes sociales para abordar un proceso de estabilización del empleo en el sector público a través de un decreto ley que se aprobará en breve plazo y que plantea prohibir la temporalidad en las administraciones públicas, de forma que a partir de su puesta en marcha será imposible que una persona siga con carácter interino ocupando un puesto de la Administración por más de tres años.
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