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José Luis Prieto, Julio Lago, Javier Callado y Santiago Asenjo exponen el informe técnico sobre la iniciativa para una autonomía leonesa. N.Brandón

Un informe avala el ahorro de gasto, la descentralización y las vías para una autonomía leonesa

La nueva comunidad, que sería uniprovincial hasta que Zamora y Salamanca se posicionen, contaría con 30.500 empleados públicos, un presupuesto de 2.100 millones de euros y la departamentalización de León en dos distritos: Ponferrada y León

Viernes, 18 de diciembre 2020, 12:02

La creación de una nueva comunidad autónoma para la región leonesa contaría ya con el personal administrativo necesario, con las vías jurídicas suficientes y con un sistema de financiación ahora vigente para su desarrollo.

Esas son algunas de las conclusiones que se obtienen del informe ... técnico presentado por Julio Lago, Santiago Asenjo, Javier Callado y José Luis Prieto, un grupo de ciudadanos que apuestan por la 18 autonomía española, partiendo de la provincia de León, y sin descartar la anexión, siempre a petición de sus ciudadanos, de Zamora y Salamanca.

Para la elaboración de este documento, que pondrán a disposición de plataformas, agentes sociales y partidos políticos que lo soliciten, toman como base un mapa autonómico «que no puede estar cerrado hasta subsanar el error de 1983; el considerar «fallida» la comunidad de Castilla y León, por colocar a la región leonesa (León, Zamora y Salamanca) a la cola del bienestar; y que no existe un sentimiento de pertenencia en la mayoría de los leoneses «ante una comunidad artificial».

Los autores sostienen que casi un 50% de la población de la provincia de León ya han votado a favor de una nueva autonomía «y si no hubiera presiones políticas sería una inmensa mayoría», por lo que la situación obliga a «superar los problemas de diseño de la España de las autonomías» y aprovechar los centros urbanos para prestar servicios a los ciudadanos.

Organización y gobierno

La nueva autonomía leonesa, centrada en el caso de la provincia de León, contaría con un sistema departamentalizado con dos distritos: León y Ponferrada. Serían los bercianos los que decidieran el encaje que se daría al Consejo Comarcal del Bierzo.

El poder legislativo estaría representado en un parlamento autonómico, con sede en León -como cuna del parlamentarismo- y al que le corresponderían entre 30 y 34 parlamentarios -uno por cada 15.000 habitantes-; siendo la referencia los parlamentos de las comunidades uniprovinciales de España. Todos ellos serían menos que la suma de los diputados provinciales actuales y los procuradores por León en las Cortes. «Esto supondría un ahorro para el gasto público en política».

En cuanto al ejecutivo, habría un presidente (en León), un vicepresidente (en Ponferrada) y nueve consejerías (seis en León y tres en Ponferrada). Aquí se incluirían las 'clásicas' como Educación, Sanidad o Economía y otras más novedosas como transición ecológica, digitalización o movilidad.

El presidente actual de la Diputación de León pasaría a ser el delegado del Gobierno en León; mientras que el delegado territorial de la Junta quedaría eliminado.

Economía y administración

El informe ha tomado como referencia para estimar un presupuesto autonómico las cifras de los tres últimos ejercicios de los presupuestos de la Junta de Castilla y León que le corresponderían a la provincia leonesa en unas cuentas plenamente territorializadas: el 19,20% del total.

Actualmente, la Junta destina a León 1.100 millones, «cuando le corresponden más de 2.000 por población». El gasto total que requeriría la nueva autonomía serían 2.093 millones de euros, según comunidades uniprovinciales actuales, por lo que «no supondrían un mayor gasto del que le corresponde actualmente a León». En ello iría incluido un presupuesto territorializado, gestionado directamente por el distrito de Ponferrada, de 500 millones de euros.

León ya cuenta hoy en día con el personal funcionario necesario para desarrollar su propia autonomía, según recoge el informe. Con los trabajadores públicos de la delegación de la Junta, la Diputación de León y el traslado de alto funcionariado de las consejerías en Valladolid se alcanzarían los 30.500 puestos que requiere la comunidad leonesa.

Las vías legales

Todo esto se podría desarrollar de acuerdo a las vías legales que le otorga la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. A ello se suma la 'vía' abierta por el Tribunal Constitucional, que en la sentencia de constitución de la Comunidad Autónoma de Castilla y León se recoge la imposibilidad de pronunciarse sobre una futura segregación de la provincia leonesa.

«Este camino es riguroso, pero sería largo y complejo, a través de la normativa vigente», por lo que los redactores del informe invitan a la mayor parte de la población e instituciones a trabajar por ello.

El modelo en el que se basan para el informe técnico, aseguran, son «modelos de éxito que no centralizan y fijan el dinero al territorio». Con ello pretenden que la igualdad sea la base de una nueva comunidad descentralizada y donde se espera incluir, si así lo desean, a Zamora y Salamanca.

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