La huelga indefinida de los funcionarios de Justicia paraliza el 80% de la actividad en León

Una demanda que los trabajadores han llevado frente a la Subdelegación de Gobierno de León donde los representantes sindicales han mantenido una reunión con el representante del Gobierno, Faustino Sánchez para hacerle llegar las demandas de los trabajadores «el 80% del sector de la justicia».

Y es que tal y como demanda Fabricio Gómez, del sindicato CSIF al Ministerio de Justicia «ya no le quedan más excusas para no convocar al comité de huelga con una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la ley de eficiencia organizativa (LOEO) que permita avanzar en una salida negociada al conflicto», ha expresado Gómez quien recuerda que »no se reúnen con nosotros« a pesar de cerrar el conflicto la semana pasada con jueces y fiscales.

Con silbatos y bocinas, y flores en el pelo recordando la presencia de la ministra en la Feria de Sevilla en plena negociación, los funcionarios han exigido «que no haya función sin retribución», han tildado de «clasista» a Pilar Llop y reclaman «salarios justos» para parar una huelga general a la que se ven abocados.

Según los datos del CSIF, sindicato mayoritario en el sector, se están suspendiendo juicio y paralizando actuaciones judiciales por lo que los leoneses ven como los asuntos en los juzgados van a sufrir más demoras.

Cabe recordar que la administración de Justicia lleva todo el año en guerra a nivel nacional lo que también repercute en León. Las protestas empezaron a finales de enero con las movilizaciones de los letrados judiciales y ha pasado por jueces y fiscales, funcionarios, abogados y procuradores, en especial los del turno de oficio, y -los últimos en sumarse- personal laboral.

Ahora solo permanecen en pie de guerra los funcionarios, que son el 93% de los trabajadores del sector, con 600 personas en la provincia de León. Tal y como ha ido informando leonoticias, los funcionarios llevan en realidad más de un mes de paros, primero parciales de tres horas y luego generales en días concretos. Son en su mayoría trabajadores de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.

Pero todo tiene una cara B, y es que los abogados y los procuradores, que en muchos casos cobran por hito realizado, claman que están perdiendo dinero ante la suspensión de sus actuaciones procesales.