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«Aquí están, estos son los que sacan el montón». Ese es el grito que esta mañana de jueves, entre bubuzelas y silbatos, se podía oír en el Puente de los Leones en la ciudad de León donde medio centenar de funcionarios de la Administración de Justicia ... han cortado el tráfico para hacer visible sus exigencias al Gobierno de España.
Una concentración que es un nuevo paso en la lucha que dicho colectivo mantiene contra el Ministerio de Justicia y Hacienda después de que los sindicatos representantes de los funcionarios de juzgados y tribunales acordarán prolongar el parón indefinido que comenzó el pasado 22 de mayo y que paraliza una media de 40 juicios al día solo en la ciudad de León. En la ciudad el seguimiento del paro es del 70% incrementándose al 80% en el resto de la provincia, tal y como ha destacado Fabricio Gómez, representante del sindicato CSIF.
Los sindicatos se muestran contrariados ante el anuncio del gobierno central de que no se puede negociar a las puertas de unas elecciones generales e instan al Ministerio de Justicia a no utilizar el cambio de fecha de los comicios para «escabullirse de su responsabilidad con los empleados » y exigen al presidente del Gobierno que intervenga en el conflicto, obligando tanto a Pilar Llop como a la titular de Hacienda a «sentarse a negociar y a buscar un acuerdo que permita satisfacer a ambas partes y poner fin a la huelga indefinida», aseveran.
Destacan también las consecuencias que está teniendo este conflicto y que se arrastra desde comienzos de años por las huelgas de otros cuerpos del mismo sector. «Pero nosotros somos el grueso del personal, sin nosotros no se puede mover un papel ni celebrar un juicio. Se están suspendiendo juicios, procedimientos de vistas orales excepto aquellos que corresponden a derechos fundamentales», afirma Concepción González, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ).
Una manifestación a la que se ha unido el personal laboral de dicha administración, destacando «la situación de precariedad» que viven, asegurando que su salario es ínfimo, «la subida salarial de letrados, jueces y fiscales es un tercio de nuestro salario», explico Felipe Blanco en nombre de los trabajadores.
Los funcionarios exigen entre 350 y 430 euros más al mes en sus nóminas, en la línea de lo que han logrado en lo últimos meses los letrados de Justicia y los jueces y fiscales, pero, a diferencia de estos colectivos, en el caso de funcionarios, aún no han recibido una oferta del Ministerio de Justicia; solo se han podido reunir dos veces con responsables del ministerio desde que arrancó la huelga, el pasado 17 de abril.
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