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«No había dinero». Así lo ha reconocido el acusado de defraudar miles de euros a la Seguridad Social por no pagar las cuotas de los empleados. La sociedad Chousa y Palacios se creó en noviembre de 2012 con un propietario y administrador único que ... este martes 29 de marzo se ha sentado en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de León. El bar, situado en sus inicios en la calle Fray Luis de León, funcionaba con «normalidad» hasta que empezaron los problemas económicos. «De ahí fuimos desahuciados por impago y marchamos para Faustina Álvarez García y allí fue cuando me vino todo encima».
El acusado, Manuel Antonio Fernández, asegura que en el momento del traslado «a mi mujer le detectaron una enfermedad muy grave y todo fue muy mal». Ante las preguntas de la fiscal y la abogada de la acusación sobre quien realizaba las altas y bajas en la Seguridad Social, el varón asegura que era su hijo quien llevaba todo el papeleo del negocio. «Cuando me desquicié por la enfermedad y porque no había dinero para pagar era mi hijo el que daba de baja y de alta a los trabajadores, lo hacía por Internet», relata Manuel Antonio Fernández.
Se muestra consciente de que no era lo mejor, pero insiste en que «no teníamos dinero para la asesoría». Tras unos meses en esta situación, Manuel Antonio recuerda que «mi hijo se dio a la mala vida y empezó a descuidarlo todo», de ahí que no se pagasen las cuotas a la Seguridad Social ni se dieran de baja a los empleados una vez habían sido despedidos. «Hubo trabajadores que estuvieron trabajando un mes y estuvieron de alta un año y pico», recuerda el acusado en el juicio.
La fiscal lee el nombre de los trabajadores y el acusado asegura que «nunca fueron tantos», ya que, «solo había una persona contratada y en ocasiones venían algunos extras». El dueño del bar Liris reconoce que entre 2015 y 2018 «no había dinero» y ante esa situación él lo tenía claro: «Entre pagar a los trabajadores y pagar las cuotas yo prefería pagar a los trabajadores». Y esto lo hacía en mano. Tal y cómo ha reconocido él mismo y han corroborados algunos de los empleados que en esos años estuvieron trabajando en el bar. El negocio lo llevaba él que «de aquella tenía 60 años, hoy tengo 68 y sigo trabajando». Ante las preguntas de la abogada de la Seguridad Social sobre la creación de empresas y sociedades el acusado mantiene que «no había dinero para una gestoría y todo eso lo llevaba mi hijo».
Una situación que también confirman algunos de los empleados que aseguraron en la vista oral que «la pagaba en dinero en metálico, su hijo me hacía una nómina y me la daba. No especificaba nada, solo lo que cobraba al mes y mis datos».
En las cuestiones previas, tanto el Ministerio Fiscal como la acusación particular que representa a la Seguridad Social han matizado la deuda del acusado que desciende de los 133.000 euros a los 109.776 euros. Una rectificación que llevan a cabo tras la presentación de un certificado que presentó en enero de 2023 el acusado.
En este inicio del juicio, el abogado de la defensa pidió la prescripción del delito y aseguró que «no sabemos de qué nos tenemos que defender» en relación a la reducción de la deuda. Ni fiscalía ni acusación acepta la petición de prescripción y alegan que la investigación de los delitos se ha llevado a cabo desde 2019 por lo que no cabe esa petición. El juez magistrado ha dado inicio a la sesión y será en la sentencia en el momento que diga si el delito prescribe o no y los motivos.
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