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A la hostelería leonesa se le agota la paciencia: «No nos morimos, nos matan». Su lamento no es un asunto de menor entidad porque la tormenta perfecta que se ha generado sobre este sector resulta demoledora: cierres y aperturas permanentes, limitaciones máximas, temporada invernal ... para acabar con el poco negocio en exteriores, ausencia de ayudas efectivas y realistas...
Las asociaciones que representan a la hostelería leonesa insisten en el drama que se vive. León, 'cuna' gastronómica y templo para el buen comer, se ha quedado en nada. La asociación de Hosteleros incide en que a fecha de hoy 300 negocios de los 1.200 de la capital no volverán a abrir sus puertas.
Y no es un brindis al sol. Hay hosteleros leoneses que ya han cogido las maletas para irse al sur de España, otros ven su futuro en Portugal y un buen número no sabe qué será de ellos a nivel personal.
Pero los números se han agravado en las últimas semanas. De los otros 2.800 establecimientos que se extienden por la geografía leonesa la previsión es que una horquilla entre los 400 y los 450 no vuelva a reabrir.
Su cierre supone que 2.100 trabajadores perderán su empleo y por extensión la afección económica alcanzará a una cifra no inferior a los 10.000 leoneses de forma indirecta.
La 'herida' en la economía local es brutal, ya han denunciado las asociaciones empresariales, convencidas de que sin el sector servicios activo a León ya no le queda mucho a lo que aferrarse.
Quizá por ello ahora se confía o bien en las ayudas directas, sobre las que se recela sobremanera, o bien en que la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en la que permite la reapertura de los establecimientos hosteleros en los municipios del País Vasco que se encuentran en 'zona roja', siente de forma efectiva un precedente para los 22 recursos similares que tiene abiertos en las diferentes comunidades autónomas la patronal hostelera.
En concreto, la asociación tiene abiertos 22 procesos de recurso, similares al del País Vasco, en distintas regiones como Aragón, Valencia, País Vasco, Murcia, La Rioja, Galicia, Extremadura, Castilla y León, Cantabria, Asturias, Andalucía, Navarra y Madrid, además de un recurso a nivel nacional, presentado el 13 de octubre en la Audiencia Nacional, que actualmente siguen su curso.
Estos recursos argumentan que las medidas acordadas por las comunidades autónomas durante la nueva normalidad se adoptaron «sin ningún respaldo técnico», basándose en criterios políticos de oportunidad.
Por otro lado, la patronal hostelera también ha interpuesto demandas de reclamaciones patrimoniales a nivel nacional y autonómico. «Se fundamentan en un concepto más simple: la obligatoriedad de compensar a los hosteleros por el mayor sacrificio que se les ha sido exigido durante la pandemia. Y ello porque la propia Ley Orgánica del Estado de Alarma así lo contempla de manera cuasi objetiva», han explicado desde Ecija.
Hostelería de España ha recordado que los propios datos del Ministerio de Sanidad han acreditado que la hostelería no es el foco de la pandemia. Según los datos analizados por Foqus a partir del informe de Sanidad del 4 de diciembre, última actualización disponible, menos del 2,3% de los contagios se produjo en hostelería, frente a la transmisión en reuniones sociales, que continuaban aumentando, siendo el foco en el 15,3% de los casos.
Además, ante modelos de gestión muy dispares en las diferentes comunidades autónomas los datos, según la patronal hostelera, han demostrado que las curvas de incidencia son similares, sin que el cierre de la hostelería haya supuesto una contención del virus.
En Castilla y León el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha recordado que el Tribunal Superior de Castilla y León se ha pronunciado «de manera reiterada» en contra de las medidas cautelares solicitadas por colectivos para reabrir la hostelería y ha defendido el fundamento «epidemiológico y jurídico» de la medida.
Igea ha asegurado que no le preocupa que esto pase en la Comunidad. «Estamos tranquilos y seguros del fundamente epidemiológico y jurídico», ha aseverado.
«Más allá del hecho de esta sentencia sí hay que insistir en el llamamiento Gobierno para contar con una herramienta que permita afrontar esta crisis con garantías sanitarias y jurídicas», zanjó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.
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