Herrera trasladará la postura de la Junta en torno la desarrollo de la plataforma logística de Torneros

Como es habitual, el primero en dirigirse al presidente de la Junta será el portavoz del Grupo Socialista, Luis Tudanca, que elige la polémica suscitada por las declaraciones del presidente del PP, Pablo Casado, quien recientemente anunciara una iniciativa para devolver las competencias de educación al Estado. En este caso, preguntará al jefe del Ejecutivo si «es partidario» de esta medida, si bien el propio Herrera se opuso la semana anterior.

Le seguirá el portavoz de Podemos, Pablo Fernández, quien cuestionará al presidente de la Junta por la firma reciente con los hospitales privados de la Orden de San Juan de Dios en León y Burgos y si «contribuye a solucionar los problemas de la sanidad pública en la Comunidad».

Herrera deberá también ofrecer datos económicos requeridos por el portavoz de Ciudadanos, Luis Fuentes, quien le pregunta directamente «si está haciendo todo lo posible para mantener a Castilla y León en la senda del crecimiento».

Por último, el portavoz del Grupo Mixto, Luis Mariano Santos (UPL), preguntará por la «apuesta» de la Junta en la Plataforma Logística Intermodal de Torneros, después de las diferentes declaraciones en las que se reconoce «la necesidad» de que sea «punto de referencia para sacar a la provincia del caos económico en que se encuentra, e independientemente del grado de competencia en la ejecución del proyecto entre el Gobierno central y la Junta».

Más allá de las preguntas al presidente, los consejeros deberán responder a los diferentes procuradores. Por bloques, los más amplios serán el de Familia y Sanidad. De hecho, se da la circunstancia de que tres de los grupos parlamentarios, PSOE, Podemos y Mixto, preguntarán a la consejera, Alicia García, sobre las medidas y efectos que tendrán en los centros residenciales la sentencia del TSJ que declara nulo de pleno derecho el decreto 10/2017 de autorización y funcionamiento de los centros de carácter social para la atención a las personas mayores. Además, Ciudadanos se dirige a ella para cuestionar si «está satisfecha» con el sistema de atención a la dependencia en la Comunidad.

En materia sanitaria, el PSOE ha registrado cuatro preguntas. En primer lugar, si la Junta prevé habilitar las camas cerradas en la residencia de mayores de Ávila antes del fin de la legislatura. Proseguirá para saber si garantiza el tratamiento de todos los pacientes de varias especialidades a partir del 1 de enero cuya consulta se pasa en el Hospital Clínico de Valladolid. Y otras dos para conocer cuándo comenzarán las obras del nuevo centro de salud del Zurguén, en Salamanca, y cuando se licitará el proyecto de construcción y las obras del mismo en Cuéllar, en Segovia. Podemos requiere al consejero de Sanidad que responda sobre la situación del servicio de Pediatría del Clínico.

En otro orden de cosas, el PSOE desea conocer las razones por las que Castilla y León se ha quedado fuera de la declaración como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la arquitectura de la piedra en seco; mientras que en el área de Fomento, Podemos cuestionará los criterios que prevalecen a la hora de licitar obras en la «extensa» red autonómica de carreteras; y por último, Ciudadanos hará lo propio con la situación de las negociaciones con el Ayuntamiento de Salamanca para el desarrollo del puerto seco en la ciudad charra.

Entre las proposiciones no de ley, destaca la presentada por el Grupo Parlamentario Popular para instar a la Junta a que se dirija al Gobierno para que adopte las medidas que se solicitan en relación a la «defensa de la Transición, los símbolos de la Nación, la Monarquía Parlamentaria, la defensa de la lengua española y la aplicación del art. 155 de la Constitución».

El procurador leonesista Santos Reyero instará a la Junta a solicitar al Gobierno que ponga en marcha la reforma del Régimen Electoral General para establecer un sistema de elección directa a la Diputación Provincial; el PSOE pide al Gobierno que se dirija al Ejecutivo central solicitando el restablecimiento del salario mínimo interprofesional para 2019 en la cantidad de 900 euros mensuales; mientras que Ciudadanos reclama a la Junta que remita, «con carácter urgente», el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de Castilla y León para 2019, así como el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias que le acompaña.

Por último, se debatirá y votará el Dictamen de la Comisión de Fomento y Medio Ambiente del Proyecto de Ley de transporte público de viajeros por carretera de Castilla y León.