Hernández defiende que la fusión entre Caja Duero y Caja España fue «muy positiva»

El exdirector general de Caja Duero Lucas Hernández destacó este jueves que «siempre» fue «favorable» a las fusiones, que consideraba «una necesidad para todo el sector», era «un convencido» de este proceso y, a su juicio, la unión con Caja España «fue una decisión muy positiva para la entidad».

Hernández, que compareció ante la Comisión de investigación de las cajas ahorro en Castilla y León, rechazó que todo el mundo estuviera en contra de esa operación, aunque si hubo votos de rechazo, e insistió en que fue «positiva» pese a que hubiera duplicidades y fueran competidores.

Lucas Hernández manifestó que apostaron por Caja España porque podían «adquirir tamaño» y constató que muchos informes técnicos indicaron que la fusión de oficinas en muchas zonas les permitía contar con establecimiento rentables que por separado no lo eran.

El exejecutivo financiero también negó que se hubieran producido presiones desde la Junta o desde el Banco de España, que simplemente sugirieron la necesidad de que se llevaran a cabo operaciones de concentración. Precisó que la idea del SIP se la transmitió inicialmente el presidente de Intermoney José Pérez, que luego comentó con el entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, que en principio solo había tomado de una consultora la idea de un banco de inversión conjunto, que fue entendido como «insuficiente» por la autoridad monetaria. En este sentido, insistió en que el Ejecutivo de Juan Vicente Herrera sugirió la operación, pero nunca presionó en ningún sentido para su consecución.

Hernández indicó que estaba a favor del SIP de las seis cajas de la Comunidad, porque respetaba la singularidad de cada entidad, pero las otras cuatro se apearon rápidamente del proceso y solo quedaron Caja Duero y Caja España. «Nos quedamos solos colgados de la brocha», aseveró. En este sentido, indicó que las entidades «pequeñas» alegaron que se atentaba contra la estructura jurídica de las cajas, y «un año después todas se estaban transformando en bancos y «nadie levantó la voz».

Hernández explicó que accedió al cargo en febrero 2004 y lo ocupó hasta octubre de 2010, cuando se produjo la integración de Caja Duero y Caja España, que dio lugar a Ceiss. Entonces, indicó, fue nombrado director general de la entidad fusionada, pero en marzo de 2011 presentó su dimisión.

En este sentido, defendió que «hasta ese momento se produjo una gestión en cierta medida razonable» y recordó que «en vísperas de la fusión con Caja España, el porcentaje de riesgo en junio de 2009, era el 18,9 por ciento, cuando la media del sector era del 21,6 por ciento». «Era un riesgo controlado», aseveró. Asimismo, constató que en diciembre de 2010, antes de su dimisión, el capital principal de Ceiss alcanzaba el 8,1 por ciento, después de «ajustes brutales para sanear» la entidad.

Lucar Hernández asumió que pudieron hacerlo mejor «evidentemente», pero recordó que apostó durante su gestión por reducir la expansión del crédito y apostar por el ahorro, pero «no se entendió», dijo.

Asimismo, aseguró que no fueron las cajas de ahorro las únicas que cometieron errores, lo que queda reflejado en que la gran banca sigue muy expuesta a los activos inmobiliarios, en 100.000 millones. Eso sí, aseguró que desaparecieron porque «tenían muchos enemigos en muchos frentes», dijo, y afirmó que «hubo posibilidad de que las cajas no hubieran desaparecido».

Con todo, aceptó que el modelo de cajas de ahorro «estaba agotado» porque carecían de capacidad para obtener recursos propios, más allá de la vía de los beneficios, lo que suponía que «no podían ganar tamaño y competir de manera competitiva y sostenida en el tiempo».

Por otra parte, en relación a la gestión de créditos en la entidad que dirigió, afirmó que ni el consejo ni la comisión ejecutiva de la entidad aprobó ninguna operación de crédito con un informe desfavorable del comité central de riesgos. «Pongo la mano en el fuego», sentenció en las Cortes regionales.

Hernández incidió en que ni el presidente ni el director general proponían ni aprobaban nada, sino que los préstamos llegaban a los órganos decisorios desde los departamentos correspondientes, tras pasar por los comerciales de las oficinas y los comités de riesgos, lo que supone que se adoptaban «decisiones colegiadas en las que cada uno tenía un papel». «Era la política establecida y se cumplió a rajatabla», sentenció.

Lucas Hernández se refirió a los créditos que mantenía la entidad con el expresidente de Caja España entre 2006 y 2010, Santos Llamas, inmerso en un proceso judicial, y recalcó que «fue tratado exactamente igual que cualquier otro cliente en función de su solvencia y riesgo».

Reseñó que las operaciones con el constructor, de ocho millones de euros, como apuntó un procurador, no suponían una «concentración excesiva de riesgo, sino más bien baja», teniendo en cuenta, dijo, «la trayectoria que tenía con Caja Duero, que era anterior a 2004, antes de la crisis» y descartó tener constancia de ninguna operación de condonación.

El exejecutivo financiero recalcó que las operaciones con Santos Llamas procedían de antes de su llegada al frente de la entidad, era «un cliente más» de la territorial de León, cuando aún no tenía ninguna vinculación con Caja Duero. «Era un cliente absolutamente más, ni distinto de otros captados en otras zonas», dijo.

Preferentes y sedes

El exdirector general también analizó la emisión de preferentes por parte de la entidad y recordó que durante la judicailización de estos productos quedó «patente» que desde la caja «no se produjo ninguna instrucción a favor de la comercialización imprudente». Precisó que Caja Duero emitió 100 millones, diez para el mercado institucional y 90 para la red, que «no tenían que No tenía que suponer ningún problema en el marco de las directrices que se marcaron. Era un importe realmente pequeño, debían ir dirigido a clientes de nivel renta media alta, No se dio ninguna instrucción de forzar la comercialización, y de informar de los riesgos que era perpetuo y se podría incurrir en riesgo de no cobrar intereses, fueron las instrucciones que se impartieron

Hernández también se refirió el proceso judicial por la compra a la constructora Nózar de un edificio en Madrid, por 55,8 millones de euros, que acabó sobreseído, tras una denuncia contra la cúpula de la entidad por administración desleal, apropiación indebida y estafa por sobrevaloración de la operación. En este sentido, defendió que la operación fue «muy favorable» lo que queda reflejado, dijo, en que se vendió un edificio similar con menos metros por 65 millones; y hace un par de meses se volvió a vender el inmueble por 54 millones, tras la profunda crisis.

«Fue desgraciado y lamentable que se produjeran informaciones sesgadas que hicieron mucho daño a la entidad», dijo. En la misma línea, defendió también la operación de la compra de su sede valenciana, que enmarcó en su plan estratégico de expansión, para concentrar sus oficinas, seis, en esa ciudad y contar con una sede apropiada al tamaño de la entidad, aunque se pagara un plus por adquirirlo por el valor añadido, indicó, que suponía para la caja.