La Gürtel en Boadilla vista para setencia: de la defensa del PP a la confesión de Ulibarri

El abogado Jesús Santos, exfiscal de la Audiencia Nacional, expuso ante la Sala que los hechos corruptos se realizaron «a escondidas» del partido y «en contra» de la voluntad de sus dirigentes, que no conocieron ni consintieron la dinámica seguida en el municipio del noroeste de la Comunidad de Madrid.

El juicio, que se inició el pasado noviembre, ha quedado para sentencia. El protagonismo del procedimiento se lo ha llevado el número de acusados arrepentidos -entre ellos el empresario leones José Luis Ulibarri- y la cantidad de detalles aportados por Correa o el que fuera alcalde de Boadilla, Arturo González Panero.

En esta causa, el PP ha sido juzgado junto a 24 personas físicas y 11 jurídicas por presuntamente haberse beneficiado en la cuantía de 204.198 euros por las presuntas corruptelas de la red. El abogado Santos defendió que el partido «desconocía los presuntos gastos cuyo beneficio se le atribuye y que vendrían derivados de servicios y actos que en ningún caso conoció o consintió y que habrían sido consentidos en todo caso por miembros del grupo municipal popular, que no del partido nacional», destacó.

En este contexto, recordó que el partido «contaba con amplio margen de presupuesto» para las campañas electorales de 2003 y 2007, teniendo «un techo de gasto al que no se llegó». Así, si hubieran «querido añadir nuevos gastos habría tenido un amplio colchón» para hacerlo, aseguró.

Sobre la responsabilidad civil, Santos expuso que «el enriquecimiento no puede inferirse» sino que «debe quedar acreditado». «Si asumiéramos la tesis acusatoria de que el señor Correa hubiera pagado gastos encaminados a la promoción de la figura de un alcalde, ¿en qué habría beneficiado al PP?», se preguntó. En cualquier caso, subrayó que la obligación civil que le atribuyen a la formación presidida por Pablo Casado ya habría prescrito.

Asimismo, el representante legal del PP, que trabaja para un despacho privado, lamentó que se haya «obviado» por parte de la Fiscalía y de las acusaciones populares el «funcionamiento de las campañas electorales». «¿Cómo se pretenden reclamar importes que corresponderían a una campaña sin saber lo que es? Sorprendente, pero así ha sido», sostuvo.

Por último, reiteró que la «actitud censurable y reprochable» de los acusados «no puede empañar la actividad» de servicio público que «permanentemente realizan miles de afiliados» y de representantes del partido que desempeñan la acción pública.

De este modo el tribunal ha puesto este martes el punto final a un largo juicio que ha acorralado al PP. La formación se encuentra acusada como partícipe a título lucrativo y la Fiscalía pide que se le condene al pago de más de 200.000 euros por beneficiarse de la trama.

Desde que arrancó el juicio han destacado las confesiones de Francisco Correa, cabecilla de Gürtel; Pablo Crespo, su número dos y ex secretario de Organización del PP gallego; Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla; José Luis Izquierdo, el contable de la red corrupta; José Ramón Blanco Balín, el asesor fiscal de la trama; los constructores José Luis Martínez Parra, Alfonso García-Pozuelo y José Luis Ulibarri; el empresario Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag (yerno de José María Aznar, expresidente del Gobierno); César Tomás Martín Morales, exgerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV); y el exdiputado popular Alfonso Bosch, que sustituyó a Martín Morales al frente de la empresa de suelo de Boadilla.