El Ayuntamiento de León ve «inasumible» la normativa de la Junta para reabrir sus 200 parques infantiles

«Hemos mandado quejas a atención al ciudadano solicitando explicación», asegura una de las impulsoras del grupo, ya que tal como reclaman «es una cosa que nos parece incoherente». Una queja que pronto ha encontrado apoyos entre otras familias de la capital que mantienen que «ya de por sí no tenemos buenos parques en León, en cuanto a seguridad e higiene y ahora encima cerrados».

El grupo entiende que puedan permanecer cerrados mientras se realizan en ellos mejoras, pero critican que no es el caso de los parques infantiles de la capital leonesa. Las respuestas a sus consultas han sido todas iguales y desde el consistorio les dicen que: 'se abrirán cuando podamos tener garantías de seguridad'.

Pero ante esta respuesta, la reacción del grupo ha sido de unanimidad y aseguran que «creemos que se mantienen cerrados porque es lo más fácil». De este modo y con una organización 'en precario', pero con muchas ganas de defender los derechos de sus hijos el grupo de familias prepara un escrito y no descartan «dar un paso más», para que la sociedad entienda su problemática y el ayuntamiento busque la solución.

El Ayuntamiento de León se mantiene firme en su decisión de mantener cerrados los parques infantiles y asegura que es «una cuestión de seguridad». Desde la Concejalía que lleva Luis Miguel García Copete, explican que el coste es «inasumible» para el Ayuntamiento.

El Consistorio mantiene bajo su responsabilidad más de 200 parques infantiles en la capital leonesa. Y desde la Junta de Castilla y León se ha impuesto una normativa que «el ayuntamiento no puede garantizar la distancia de seguridad ni la desinfección diaria». Desde el área explican que sería necesaria la contratación de al menos una persona por parque para que vigile el cumplimiento de la normativa impuesta por la Junta y sólo el coste de personal «es inasumible».

A mayores se suma la limpieza y desinfección, pero este sería un aspecto menos costoso para las arcas municipales. «Mientras la Junta de Castilla y León no aporte recursos a este respecto no se puede asumir el coste de una normativa que hay que cumplir rigurosamente por la salud de todos», aseguran.