Grande-Marlaska anuncia en León la instalación de 122 radares más en 2025

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, destacó este miércoles el cumplimiento de los límites de velocidad como «elemento clave» para reducir los siniestros viales «y sus dramáticas consecuencias», y señaló los radares como la principal medida disuasoria que «salva vidas» en las carreteras, por lo que anunció la instalación de 122 más de estos dispositivos en 2025 en las vías nacionales.

Así lo hizo saber durante su visita al Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas, en Santovenia de Valdoncina (León), donde el ministro de Interior aclaró que la velocidad inadecuada es la causa del 21 por ciento de los siniestros mortales y está detrás de las salidas de vía, que suponen el 42 por ciento de los siniestros con resultado de muerte en las carreteras españolas.

«La política de seguridad vial es un binomio entre educación y vigilancia», subrayó Grande-Marlaska. «Si solo nos centramos en la educación y en la formación no obtendremos los objetivos deseados, pero si solo ejercemos vigilancia y control nos encontraremos con el rechazo de los ciudadanos», manifestó ante los trabajadores del centro, que se ocupan de la tramitación de los expedientes derivados de infracciones de tráfico.

El titular de Interior recordó que en 2025 se cumplen dos décadas de la llegada del primer plan de radares fijos y puso de relieve la reducción en estos años de un 75 por ciento del número de víctimas mortales. «Los radares salvan vidas y en 2025 continuaremos con la instalación de 122 nuevos dispositivos en las carreteras españolas, de los cuales 17 fijos y 7 de tramo entraron en servicio este 21 de enero», añadió.

Durante el recorrido por las instalaciones, el ministro agradeció a los trabajadores su «extraordinaria y eficaz» labor de gestión. «Este centro es un referente internacional y un ejemplo de la incorporación de las nuevas tecnologías», explicó, destacando «la mejora de la eficacia y la eficiencia» en la tramitación de las denuncias y la reducción de los plazos y «la mayor fiabilidad y seguridad jurídica que ofrecen en beneficio de los ciudadanos».

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