El Gobierno pacta que interinos con más de cinco años sean fijos sin opositar, 70 solo en el Ayuntamiento

Esta medida afectaría a unas 300.000 personas en España. Entre los requisitos se encuentra llevar cinco años ininterrumpidos y de manera consecutiva en la misma plaza para poder pasar a ser fijos sin necesidad de opositar, es decir, se aplica a las plazas que «hubieran estado ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016». Les bastará con acceder a un concurso de méritos, según el articulado de la reforma. Esto supone una rebaja a cinco años tras los diez exigidos inicialmente por el Ministerio de Hacienda para reducir la temporalidad en la Administración, dejando así la puerta abierta a que puedan consolidar su plaza de forma automática.

Como ejemplo de la administración local esta medida afectaría a entre 70 y 75 trabajadores solo en el Ayuntamiento de León, que además cuenta con 200 trabajadores del personal laboral fijo y 475 puestos de personal laboral indefinido no fijo susceptible de estabilización. Inicialmente la medida solo afecta a los primeros «esos 70 o 75 personas que ocupan plaza de interinos», según han remarcado fuentes municipales.

Esto es lo más destacado de un acuerdo que ha hecho público Hacienda este jueves para aumentar la cobertura de los eventuales en las administraciones y en las empresas públicas. PSOE, Unidas Podemos, ERC y PNV unifican así sus enmiendas de cara a la votación que se producirá en el Congreso de la nueva ley de estabilización en la función pública.

Las enmiendas tendrán que pasar su examen en comisión y luego en el pleno del Congreso, pero con las actuales votos reunirían las suficientes mayorías para prosperar. Desde el PNV, señalan que este acuerdo tiene como objetivo «buscar una solución a un problema que llevaba demasiado tiempo enquistado». El grupo parlamentario vasco asegura que «la Administración ofrecerá por vía de concurso no solo aquellas plazas que en los últimos cinco años no hayan tenido un titular o funcionario de carrera, sino también podrá ofrecer plazas que, sin esa antigüedad, estén ocupadas por personal interino con una antigüedad en la Administración de más de cinco años en esa situación».

De esta manera, según explican, «se evita en mucha mayor medida el desacople entre las plazas ofertadas y las y los interinos de larga duración que pueden aspirar a ocuparlas regularizando su situación».

En julio el Congreso convalidó el Real Decreto-ley para reducir la temporalidad en la Administración Pública, un plan cuyo objetivo es estabilizar antes de que termine 2024 a un total de 300.000 trabajadores interinos que llevan décadas encadenando esta situación y, a la vez, aprobar los cambios legales que eviten que los excesos se reproduzcan de nuevo con una serie de medidas disuasorias y sancionadoras.

El acuerdo, que llegó después de semanas de negociación, fue sellado a principios de junio por los tres sindicatos mayoritarios –CC.OO., CSIF y UGT- tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas convocada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, e integrada además por representantes de todas las comunidades autónomas. Posteriormente, lo aprobó el Consejo de Ministros y a finales de julio consiguió salir adelante en el Congreso en una votación muy ajustada, con tan solo un voto de diferencia, y gracias al acuerdo 'in extremis' con ERC.

Este pacto llegó después de que Bruselas advirtiera a España en repetidas ocasiones por la elevada temporalidad del sector público, con tasas de más del 30 % de eventuales, sobre todo en Sanidad y Educación. «El mapa de cómo se comporta esta temporalidad es realmente asimétrico; son las administraciones autonómicas debido a la prestación de los servicios sanitario y educativo los que tienen una mayor temporalidad y, por tanto, la norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas», señaló Montero tras su aprobación en el Consejo de Ministros.

Otra de las consecuencias de estas continuas advertencias de la Comisión Europea fue la sentencia del Supremo conocida a finales de junio, en la que cambió su doctrina y fijó un periodo máximo de tres años para que el trabajador adquiera la condición de indefinido no fijo. Además, estableció una indemnización de 20 días por año trabajado a una limpiadora en dicha situación de 2009 a 2017, cuando la plaza que ocupaba fue adjudicada a otra persona en un concurso de traslados de personal fijo.

La norma, que sigue su tramitación en el Congreso, no convenció a los cerca de 800.000 interinos que hay en el país por lo que se han convocado numerosas protestas durante estos meses. El pasado octubre interinos de toda España se unieron para reclamar «voluntad política» a las Administraciones Públicas y que sus contratos se hicieran indefinidos transcurridos tres años, igual que en la empresa privada.