El Gobierno defenderá ante la UE que ampliar el peaje de la León-Asturias hasta 2050 fue legal

Por partes. Hace dos semanas la Comisión remitió al Gobierno español una carta de emplazamiento informándole de que a su entender la ampliación que se hizo en Galicia de la concesión de la AP-9 conculca las directivas comunitarias sobre contratación pública. Los casos de la AP-9 y de la AP-66 son casi idénticos en este aspecto.

En el año 2000 el Gobierno de José María Aznar modificó ambos contratos de concesión alargándolas. El peaje del Huerna debía expirar este mes, tras 46 años de explotación, pero se prorrogó 29 años más, hasta 2050. La AP-9, por su parte, iba a terminar en 2023 y se aprobó que lo hiciera en 2048.

En-Colectivo, una entidad gallega, denunció ante Bruselas el contrato gallego argumentando que se benefició directamente a la concesionaria, eludiendo el concurso público al que obligan las directivas comunitarias.

La Comisión asume esa tesis, y recuerda que hace dos años logró que se condenara a Italia por una operación similar. Por ello, ha otorgado dos meses al Gobierno español para presentar alegaciones. De no resultar convincentes, denunciará ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como ya hiciera con Italia. Se abre así una vía que de ser acogida por los magistrados conllevaría el riesgo de imponer multas al país hasta que corrija la situación, como ya ocurrió con la depuradora del Este de Gijón.

Visto el avance del caso gallego, Podemos Asturias ha denunciado ante la Comisión Europea la prórroga de la AP-66 para provocar un segundo procedimiento de infracción. A la espera de que madure, en el ministerio rechazan asumir la tesis de Bruselas.

En su lugar van a «colaborar con la Comisión para aclarar la procedencia de la prórroga de la concesión de la AP-9 aprobada en el año 2000 por el Gobierno de José María Aznar». Para el departamento «la decisión, si bien cuestionable políticamente, se aprobó siguiendo el cauce ordinario legal y las leyes vigentes en España en ese momento, cuando, además, la empresa concesionaria era pública».

Transportes entiende que «una mala decisión política puede adaptarse al marco legislativo». Eso sí, asume que Bruselas señala «una debilidad en el sistema concesional español» que avalaría su decisión de no renovar más los contratos de concesión cuando llegan a su conclusión.