El Gobierno admite que faltan 59 policías nacionales y 150 guardias civiles en la provincia de León

Así, de los 10.887 miembros que debía haber hay activos 9.426, incluidos alumnos en prácticas, según datos del Ministerio del Interior, es decir, un 13 por ciento menos.

En la provincia de León, la plantilla de policías nacionales está fijada en 600 agentes. Sin embargo, actualmente solo están cubiertas 541. Faltan 59 policías.

Con la Guardia Civil pasa algo similar ya que de los 1.491 efectivos que debería haber trabajando en esta provincia hay 1.341.

En Valladolid, con 745 efectivos disponibles de Policía Nacional y 719 de Guardia Civil, se necesitan 138 y 100, respectivamente; mientras que en Burgos, con 412 y 777, el déficit está cifrado en 71 y 197.

Del mismo modo, en Salamanca, donde hay 324 y 771, hay 32 y 111 plazas sin cubrir para llegar a una ocupación plena.

La historia se repite en las provincias de Ávila, Palencia, Segovia, Soria y Zamora, donde se precisan 17, 30, 23, 18 y 20 policías nacionales, respectivamente, para cerrar sus plantillas con 175, 211, 218, 137 y 178 agentes.

En el caso de la Guardia Civil, Ávila necesitaría 106 efectivos para tener un total de 734, Palencia tendría que incorporar 85 para alcanzar los 719, Segovia estaría llamada a sumar 156 para contar con 685, Soria arrastraría una carencia de 77 para poder disponer de 569 y, finalmente, Zamora precisaría de 71 para registrar en su catálogo 773.

Para los sindicatos de la policía (SUP, SPP, CEP y UFP) y las asociaciones de la Guardia Civil como la AUGC, esta carencia de personal tiene su origen en las reducidas ofertas de empleo público realizadas durante la crisis y que hizo que hasta 2015 se mantuviera por debajo de las mil las plazas ofertadas cada año.

Entre 2011 y 2018, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han perdido alrededor de 12.000 efectivos, de los que 2.600 se han recuperado en los últimos dos años.

El Gobierno ha anunciado que su intención es recuperarlos con convocatorias de empleo público que puedan subsanar esta situación, tal y como aseguró el ministro Fernando Grande-Marlaska en su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados el pasado 17 de febrero.

Sin embargo, los aspirantes, cerca de 80.000, no saben qué pasará con las oposiciones. Mucho dependerá de cuánto dure el estado de alarma decretado para contener el avance del COVID-19.

La convocatoria debería salir en mayo para, a principios de julio, hacer los exámenes teóricos (ortografía, inglés y psicotécnico) antes de las pruebas físicas en septiembre, pero los futuros guardias civiles y policías nacionales ya cuentan con su aplazamiento.

Además, el balance de criminalidad del Ministerio del Interior de 2019 refleja un repunte de la delincuencia del 3,3 por ciento en España, lo que supone 2.201.859 infracciones penales, una cifra que en Castilla y León representó una subida del 2,4 por ciento, con un total de 76.646 delitos.

En todas las comunidades autónomas, la criminalidad aumentó, si bien el ascenso más pronunciado se registró en Navarra (7%), por delante de La Rioja y Canarias (un 5,9%) y Aragón (5,8).

Los incrementos más suaves se dieron en la Comungrgidad Valenciana (0,6%); Galicia (2,2%)y Cantabria y Castilla y León (2,4%), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, que registraron un ligero aumento.