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Rechazan de raíz la última propuesta de la Junta y exigen que reconozcan su derecho a una jornada de 35 horas para todos sus empleados públicos.
Todo comenzó el pasado 21 de mayo cuando Alfonso Fernández Mañueco firmó un acuerdo con los agentes sociales y se comprometía a ejecutar este derecho desde el 1 de junio. Ahora, 25 de octubre, los funcionarios siguen sin lograr su reivindicación.
Los sindicatos han vuelto a la carga y se han concentrado una vez más ante la delegación territorial en León para mostrar su desacuerdo con la última propuesta que retrasaba la entrada en vigor del acuerdo hasta finales de 2020. Una propuesta que rechazan de raíz porque «roza el surrealismo» y no están dispuestos a aceptar nada.
«Nos están echando un pulso a la administración y lo vamos a ganar», ha asegurado Sara Prieto de Sanidad de Comisiones Obreras en León.«No vamos a parar hasta que nos devuelvan los derechos laborales que nos han robado».
Los 15.000 funcionarios de la Junta en León están llamados ahora a secundar una huelga de 24 horas, el próximo 6 de noviembre, para exigir que les devuelvan sus derechos y lanzar un mensaje claro al vicepresidente autonómico. «Al señor Igea, decirle que hace tres meses se proclamó consejero de Transparencia y Regeneración, y se le olvidó añadir maestro de las mentiras; mintió antes y mintió después». Por ello le recuerdan que «cuando los que mandan pierden la vergüenza, los que obedecen pierden el respeto», subrayó Juan Miguel Martínez, de UGT en el área de empleados públicos.
Y es que, aseguran, han perdido un 20% de su poder adquisitivo en los últimos años y no quieren consentir que quienes no creen en lo público estén a la cabeza de los garantes del estado de bienestar. Pedro Becares, responsable de Csif en la Administrción General de Castilla y León en León sostuvo que ahora se les puede estigmatizar en «los 'revientaacuerdos'», a pesar de que no paran de tender la mano y al final alguien se la acabe mordiendo.
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85.000 empleados públicos en Castilla y León han podido parar esta jornada durante dos horas para defender sus derechos.
La proclama es clara y conjunta: quieren que Mañueco cumpla con lo firmado el 21 de mayo y se haga efectiva la jornada de 35 horas para los funcionarios de la administración autonómica.
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