Los funcionarios de Justicia demandan «retribuciones justas» y rechazan los servicios mínimos

En León, más de 650 funcionarios se verán afectados por estos parones diarios y están directamente involucrados en dicha reivindicación, Concepción González, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) afirma que la nueva norma «supone una modificación de nuestras condiciones, reduciendo nuestra movilidad y haciendo peligrar nuestros puestos de trabajo».

Una de las principales reclamaciones de los funcionarios de la Administración de Justicia es que el Estado «establezca los criterios y cuantías del complemento de la carrera profesional». Un reconocimiento que según declaró González «existe en casi toda la Administración, tanto en la Junta de Castilla y León como en Sanidad o Enseñanza».

Por otro lado, los sindicatos han decidido desoír al Ministerio e incumplir los servicios mínimos por considerar que las condiciones del órgano público «limitan nuestro derecho de huelga», señaló Fabricio Gómez, representante de CSIF. En este mismo sentido, Gómez puso de relieve «la nula voluntad de negociación por parte del Ministerio».

Desde CSIF sostienen que la nueva Ley de Eficiencia Organizativa «va a transformar los juzgados actuales en tribunales de primera instancia». Un cambio que consideran que debe realizarse cuando «queden fijadas las condiciones laborales de los funcionarios con unas garantías para ejercer el trabajo de manera digna». En este mismo sentido, Gómez insistió en la necesidad de fijar «retribuciones justas» y que ninguna «función quede sin su retribución».

A nivel nacional la huelga ha sido secundada por un 80% del personal «por no estar atendiendo los servicios mínimos». Un conflicto laboral que afecta a miles de trabajadores en el país y que afectará al correcto funcionamiento de un servicio tan saturado como es el de los juzgados.