Los funcionarios de Justicia amenazan con encierros para exigir diálogo al Gobierno

Conchi González, representante del sindicato STAJ ha afirmado que ante la negativa del gobierno de reunirse con los representantes de los trabajadores recrudecerá la huelga. «Probablemente haremos encierros así como llevar las protestas antes de las sedes de los partidos políticos, en especial del que gobierna», ha puntualizado refiriéndose al PSOE.

Por su parte, Tino Prieto de CSIF ha destacado que la huelga es de carácter indefinido, «porque no somos funcionarios de segunda si no que somos imprescindibles». Respecto a las protestas protagonizadas por abogados y procuradores ante las repercusiones que sufren por esta huelga, Prieto ha asegurado comprenderlo pero asegura que no son los culpables si no que lo es el Ministerio de Justicia.

Con silbatos y bocinas, y flores en el pelo recordando la presencia de la ministra en la Feria de Sevilla en plena negociación, los funcionarios han exigido «que no haya función sin retribución», han tildado de «clasista» a Pilar Llop y reclaman «salarios justos» para parar una huelga general a la que se ven abocados.

Según los datos del CSIF, sindicato mayoritario en el sector, se están suspendiendo juicios y paralizando actuaciones judiciales por lo que los leoneses ven como los asuntos en los juzgados van a sufrir más demoras.

Cabe recordar que la administración de Justicia lleva todo el año en guerra a nivel nacional lo que también repercute en León. Las protestas empezaron a finales de enero con las movilizaciones de los letrados judiciales y ha pasado por jueces y fiscales, funcionarios, abogados y procuradores, en especial los del turno de oficio, y -los últimos en sumarse- personal laboral.

Ahora solo permanecen en pie de guerra los funcionarios, que son el 93% de los trabajadores del sector, con 600 personas en la provincia de León. Tal y como ha ido informando leonoticias, los funcionarios llevan en realidad más de un mes de paros, primero parciales de tres horas y luego generales en días concretos. Son en su mayoría trabajadores de los cuerpos de Gestión, Tramitación y Auxilio Judicial.

Pero todo tiene una cara B, y es que los abogados y los procuradores, que en muchos casos cobran por hito realizado, claman que están perdiendo dinero ante la suspensión de sus actuaciones procesales.