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El pasado 30 de noviembre, la variante de Pajares entraba en funcionamiento con los primeros trenes comerciales circulando por esta obra de ingeniería que devoró miles de millones de euros. Una sucesión de viaductos y túneles en la montaña, entre León y Asturias, que ha ... dejado por el camino una huella ecológica irreparable.
Así lo reconocía la modificación de la Declaración de Impacto Ambiental presentada por el Ministerio para la Transición Ecológica y cuya ejecución fue publicada en el BOE hace casi un año. Ante esta resolución, otro ministerio, el de Transportes, presentó discrepancias que se debían resolver en el seno del Consejo de Ministros y para lo que aún no se ha dado solución.
«El Gobierno parece que está a otras cosas y las administraciones competentes no se ponen con ello», denuncia el portavoz de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores. Aquí apunta a Ejecutivo central y a la Junta de Castilla y León, a quienes Carlos Antón recuerda que la obra «aún no está concluida» hasta que se ejecute la orden del tratamiento de impactos provocados por los túneles sobre las aguas subterráneas y manantiales, biodiversidad y población afectados por la ejecución de la variante de Pajares.
Dicho documento recoge la obligación de realizar un estudio hidrológico, de repercusiones, del agua y corregir el impacto de todos los efectos ocasionados. Así, el Boletín Oficial del Estado detalla la necesaria corrección del impacto «a la mayor brevedad posible» y que técnicamente incluya el sellado de fracturas y fugas; también se solicita un informe con los acuíferos afectados de la subcuenca Bernesga.
Desde la Federación dan tres meses de plazo al Gobierno de España para que ejecute la resolución. De no llevarse a cabo, Antón avanza medidas judiciales y derivar el caso a los tribunales. «Es un proyecto de restauración que se tiene que hacer. Hay un daño. Se tienen que corregir los impactos en la Montaña Central». Una tarea en la que también implica al Servicio de Medio Ambiente de la Junta e insta a la dirección general a «ponerse con ello» para corregir la afección sobre bienes, diseñar las soluciones, evaluar la situación medioambiental, presupuestarlas y ejecutarlas. «La Junta se tiene que encargar del diseño de la restauración de los hábitats», insisten.
El BOE también exige medidas correctoras y compensatorias ante la pérdida de millones de litros que los acuíferos de León llevan sufriendo varios años y que deben garantizarse durante «la vida útil del proyecto».
Los estudios presentados por Adif han sido calificados como «ridículos» por la federación. Se estima que hasta 100 hectáreas de prados de riego se han visto afectados en las zonas de concentración, dentro del municipio de Villamanín. El arroyo de Alcedo ha tenido que ser encauzado de nuevo con un canal hormigonado y naturalizado; en Rodiezmo se perdió el manantial y han tenido que hacer la traída desde Millaró, provocando problemas de contaminación para los pastos; y Peredilla de Gordón sufre desabastecimiento, sin agua del manantial para regar y con potable de la traída por el ayuntamiento y la Diputación de León.
Una situación que se mantiene durante los dos meses que los trenes llevan circulando por la variante de Pajares. Un total de 65 días en los que las fugas de agua han birlado a la provincia de León 1.572 millones de litros de agua, cantidad suficiente para abastecer a la población de la ciudad de León durante 73 días.
Cada segundo que pasa, los acuíferos del Bernesga se dejan 319 litros, un total de 11.000 millones de litros al año. Restando lo que pertenecería a la cuenca norte, León exige que se devuelvan a la provincia los 280 litros por segundo que le pertenecen.
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