La Fiscalía del Supremo pide anular el juicio de la Púnica de León

Todos ellos se libraron de los delitos de malversación, falsificación de documento o fraude a la administración que acarreaban cárcel, y o bien fueron absueltos o solo recibieron condenas menores de inhabilitación por prevaricación.

Ahora, el fiscal del Supremo, Manuel Jesús Dolz, concluye que el juicio debe declararse nulo y repetirse por otro tribunal en la Audiencia Nacional, según publica la SER.

Considera en el escrito que los magistrados que juzgaron el caso «silenciaron la prueba de cargo» admitida y presentada por la Fiscalía Anticorrupción. También se pasó por alto en el proceso judicial la declaración de dos testigos, las comunicaciones telefónicas o el «probado desvío de fondos públicos» para mejorar la imagen personal en redes del expresidente de la Diputación del PP.

En este procedimiento se investigaron los contratos de reputación personal online acordados por la Diputación de León para la que fuera su presidenta Isabel Carrasco y su sucesor Martínez Barazón, así como otra serie de contratos adjudicados a las empresas del consultor Alejandro De Pedro.

La Audiencia Nacional condenó por un delito continuado de prevaricación a penas de inhabilitación especial para empleo o cargo público que van de los cuatro años y tres meses a los ocho años y medio a cuatro de los seis acusados en la pieza de la Operación Púnica centrada en la provincia de León, entre ellos el expresidente de la Diputación Marcos Martínez Barazón.

El Tribunal consideró probado que De Pedro, en connivencia con el acusado Marcos Martínez Barazón, presidente de la Diputación durante los meses de junio, julio y agosto y septiembre de 2014 llevaron a cabo un procedimiento administrativo irregular que se seguía en la Diputación de León para la adjudicación de la publicidad institucional.

Por el contrario, la Sala consideró que no ha quedado acreditado que los servicios de reputación online ni de posicionamiento SEO realizados por EICO ONLINE se hubieran realizado en favor y en beneficio personal, ni de Isabel Carrasco, ni de su sucesor en la Presidencia de la Diputación, Marcos Martínez Barazón. Algo que ahora la Fiscalía del Supremo pone en duda.

Para el Tribunal, tampoco quedó probado que las facturas giradas por MADIVA no correspondieran a trabajos efectivamente realizados, ni que no se hubieran prestado los servicios de publicidad institucional, ni que bajo el concepto que figuraba en las mismas (inserción de banners publicitarios Diputación de León) se hubieran satisfecho de forma encubierta trabajos de reputación personal o trabajos de asesoramiento político para los presidentes de la Diputación.