La Fiscalía solicita hasta diez años de prisión para los imputados leoneses en la Púnica

El auto ha sido entregado a las partes y en los próximos días será objeto «de un profundo análisis» para fijar una defensa que se propone demostrar que las acusaciones no se sostienen en el marco acusatorio. Un apunte que ya advirtió en su día la representación legal de Marcos Martínez, quien incidió en que todo lo que se tenga que decir «se dirá en el juicio».

A la espera de argumentar las líneas defensivas en esta jornada Marcos Martínez ha conocido que en la sala la Fiscalía le solicitará cinco años y medio de prisión por una posible malversación de fondos y falsedad documental. Un posible delito de fraude añadiría año y medio de prisión abriendo la puerta a un posible delito de cohecho.

Mientras en esta jornada también Manuel Jesús López Sánchez ha conocido la petición del fiscal, que solicita cinco años y medio por un presunto delito de malversación y falsedad. A esa solicitud se suma otros 18 meses por la acusación de fraude.

Por último para Pedro Vicente Sánchez, que ocupara el área de presidencia, se solicitan las mismas penas que a Marcos Martínez.

A todos los acusados se les aplican además solicitudes de inhabilitación para el ejercicio de la función pública de entre 18 y 20 años además de una fianza solidaria de 28.500 euros.

Mientras la acusación popular solicita a Marcos Martínez hasta 15 años de prisión por posibles delitos de fraude, revelación de secretos, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación.

La misma acusación pide once años de prisión para Manuel Jesús López Sánchez, exinterventor de la Diputación, es supuestamente autor de los delitos de fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho y malversación de caudales públicos, por lo que propone una pena de once años de prisión.

Por último para Pedro Vicente Sánchez la acusación popular solicita nueve años de prisión por fraude, cohecho y malversación. La acusación que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adae) también ve posibles delitos de prevaricación y falsedad en documento público.