Fiscalía pide tres años de prisión por falsificación de documentos y la defensa del caso Otazú alega «una falta administrativa»

El letrado mantiene que quien organizaba la empresa, y por eso estaba a su nombre, era la madre del acusado. En este sentido, el abogado ha explicado que «las personas mayores no tienen que perder la capacidad, hay muchas personas mayores dirigiendo empresas, que nos diría Amancio Ortega».

En este sentido, La defensa de Bermejo ha empezado por definir a su defendido como un médico anestesista, que trabajaba de manera privada en Lopez Otazu. Y ve en estos hechos «una falta administrativa pero no un delito penal», insistió el letrado quitando importancia a algunas de las pruebas asegurando que «los libros de quirófano no son muy de fiar, 5765 intervenciones y solo 428 historias clínicas no se entiende».

Por su parte, el abogado de la acusación particular considera que «queda probado» que los acusados de manera concertada realizaron la falsificación «sistemática» durante todo el periodo de enjuiciamiento «y más allá». Tres tipos de documentos fueron falsificados: la historia clínica del paciente, el libro de quirófano y las comunicaciones a Sacyl.

Una situación que, según considera el letrado de José Manuel Caunedo, «se hizo para que el doctor Bermejo cobraba la cantidad de 161.900 euros. En este sentido, ha reconocido que «es importante que no se pierda el foco en que el hecho de que el doctor Bermejo cobrase ese dinero es el móvil, pero no el delito». El letrado insistió, en este sentido, que «es irrelevante si esto fue una mera infracción administrativa, si se podía o no haber pedido una autorización -que ya se dijo que no-, porque eso no es lo relevante. Lo importante es la manipulación de los documentos y eso ha quedado probado», mantiene el letrado que hace referencia a la declaración de su representado.

Por su parte, la acusación particular considera que «es evidente que sólo había tres anestesista», ha insistido, recordado que «todo el turno de tarde era del doctor Bermejo». Algo que también queda comprobado, según sus conclusiones, por la «pizarra de turnos».

Además el abogado considera que «no es verdad que la Clínica organizaba los turnos según los anestesistas. Los cirujanos eran quienes decidían los turnos y los horarios y los anestesistas se adaptan según sus turnos». Además, ha recordado que en los libros de quirófano se puede ver que «el mismo equipo hacía todas las operaciones de la tarde».

En relación al 'favoritismo' del doctor López Otazu al doctor Bermejo, el letrado ha insistido en que «no nos importa, los motivos nos dan igual, lo que está claro es que el dinero es el móvil y es lo que importa».

En relación a los trabajos, el letrado ha recordado que «a Bermejo se le atribuyen 59 operaciones en el periodo, por su parte a Llorente unas 161 operaciones. Son tres veces más y cobra bastante menos». En 2011, Bermejo «aparece unas cinco veces y cobra 40.000 euros», insistió. El letrado recordó una conversación entre su cliente y Llorente en la que el segundo dijo: 'me están pagando poco por dejar usar mi nombre y esto se acabó' . Y a partir de ahí, Llorente firma con un sello. A partir de ahí se deja el libro en blanco: «Se nos ha dicho que se ha dejado el libro en blanco porque la cirugía no requería anestesista, eso es mentira, cuando se dejan de atribuir las operaciones a Llorente en el libro de quirófano empiezan a aparecer en blanco», reclama el letrado.

La acusación ha explicado que el doctor Caunedo ha sufrido «daños económicos y personales en todo este proceso» y por ello pide una responsabilidad civil en su persona. «Lo más sencillo para mi cliente hubiera sido pasar del tema o incluso participar de todo ello», aseguró el letrado del anestesista que destapó el caso.

El letrado recuerda que «a pesar de ello denunció y cómo le dijeron en su momento: 'Esto es León, esto es pequeño y si continúas con ello vas a tener problemas' y así acabó siendo». Unas amenazas que se cumplieron y tras las que Caunedo no encontró empleo en León y tuvo que salir de la capital y la provincia. «Se ha tenido que ir fuera y le ha acusado problemas económicos y personales que deben ser reconocidos», insistió el abogado.

Finalmente, el letrado aseguró que su cliente sufrió «un padecimiento personal por hacer de Quijote» y luchar contra gigantes en referencia a esta denuncia.

Se ha puesto de manifiesto que había falta de anestesistas. El gerente de área también lo puso de manifiesto en la inspección médica que parece que también había este tipo de irregularidades. «El caso está claro, había menos anestesistas de Sacyl que no podían trabajar en esas derivaciones», mantuvo el letrado de Sacyl en su alegato final del caso que ha tenido una duración de dos días en la Audiencia Provincial de León.

El letrado ha hecho referencia a las dos auxiliares acusadas y ha sentido su situación en la que «cobraban menos que los médicos y hacían esas falsificaciones de una manera automática después de tanto tiempo». En este sentido, el abogado ha asegurado que «lo hacía sin tener conciencia de las consecuencias que podían tener».

Fiscalía y acusaciones han tenido diferentes argumentos en sus últimas conclusiones, aunque con la misma filosofía en todos los aspectos más destacables en el único que han discrepado. El letrado del anestesista que denunció recordó que «son operaciones de la seguridad social, que no se nos olvide». Explicó, en este sentido, que, «por una cuestión burocrática la Junta no tenía quirófanos en la sanidad pública y los alquila» al sanatorio.

El letrado entiende que al hacer una operación para la Seguridad Social, Sacyl debe responder en este sentido si hay alguna irregularidad y pide una responsabilidad civil. Por su parte, la Fiscalía considera que los médicos no tienen una plaza en la Sanidad pública por lo que insiste en que «Bermejo y los auxiliares estaban trabajando en una clínica privada, aunque hicieran operaciones en la Seguridad Social, pero no eran funcionarios públicos», mantuvo la fiscal.

El letrado de Caunedo considera que «en ese momento el doctor Lopez Otazu está actuando de manera pública. Él no puede cobrar dos veces por lo mismo, Sacyl le paga un sueldo. Pero es un funcionario que falsificó su intervención».