El fiscal pide 11 años de prisión a dos hermanos por abuso sexual a un joven con discapacidad mental

Los hechos se remontan a 2018, cuando entre los meses de abril y septiembre ambos establecieron una amistad con la víctima de 26 años, que sufre una discapacidad mental de un 59% y de la cual eran conscientes ambos acusados.

La relación se inició cuando la víctima frecuentaba un negocio que uno de los hermanos tiene en León. Con el tiempo los acusados invitaron al joven a una caseta que tienen en una finca con animales (colmenas, perdices, cangrejos) donde iban con amigos a pasar las tardes.

Según relata el fiscal en las conclusiones provisionales del caso, los tres iniciaron una relación de confianza en la cual la víctima les contaba problemas que tenía con sus padres y los acusados le aconsejaban que «lo mejor sería que se fuera a una residencia».

En varias ocasiones, tal y como aparece en el escrito de acusación del fiscal, uno de los hermanos acudía a la finca de con el joven y una vez allí y tras bajarle pantalones y calzoncillos comenzaba a masturbarle hasta que eyaculara diciéndole que «era bueno para tener hijos y para que estuviera relajado en casa y no tuviera problemas con sus padres».

Por otro lado, y también con asiduidad el otro de los hermanos invitaba a la víctima a subir a su habitación en la vivienda que tenía encima del establecimiento y una vez allí se tumbaban en la cama y se masturbaban mutuamente.

En alguna ocasión, le practicó felaciones y también la víctima se las hizo al acusado. El 15 de agosto de 2018 mientras estaban en la cama el acusado intentó penetrar analmente a la víctima quien se negó.

El fiscal remarca que la víctima tiene una discapacidad mental que hace que su consentimiento para poder mantener relaciones sexuales esté viciado al no ser capaz de comprender las consecuencias de tales actos.

Los hechos son constitutivos de un delito continuado de abuso sexual con acceso carnal en uno de los casos y un delito continuado de abuso sexual en el otro. El fiscal pide para uno de los acusados la pena de ocho años de prisión y para el otro la pena de tres años de prisión.

Además mantiene la prohibición a ambos procesados de acercarse a la víctima, a su domicilio, colegio o cualquier otro lugar donde se encuentre a menos 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio por tiempo de seis años tras la condena.

Finalmente, los procesados deberán indemnizar a la víctima en la cantidad de 6.000 euros por los daños morales, así mismo indemnizarán al Sacyl en 101,41 euros por la asistencia prestada.