El Fiscal pide 122 años para el etarra que acabó con la vida del comandante Cortizo en 1995

La Fiscalía solicita para Polo Escobes 30 años de prisión por un delito de asesinato terrorista contra miembro de las Fuerzas Armadas; 20 años de cárcel por cada uno de los cuatro delitos de asesinato frustrado; y otros 12 años por tenencia de explosivos.

Además, pide que se le prohibida acudir a León durante 10 años desde que sea excarcelado y que indemnice a la viuda del comandante con 180.000 euros y a su hija 385.000 euros por las lesiones causadas en el atentado, las secuelas y el fallecimiento de su padre. También se solicita indemnización para heridos de menor gravedad y para la reparación de los daños materiales.

La bomba-lapa estaba cargada de entre 1.200 y 2.000 gramos de cloratita. Además, contaba con un dispositivo iniciación mecánico-eléctrico; otro de de iniciación antimovimiento, que poseía de un tubo de plástico transparente, una bola de acero y sus contactos eléctricos.

En los días previos al asesinato, Polo Escobes se trasladó con la bomba en transporte público desde San Sebastián a León para vigilar a Cortizo y detectar el vehículo que utilizaba habitualmente.

El 21 de diciembre de 1995, el acusado forzó con un destornillador la cerradura del coche, se introdujo en él y colocó el artefacto preparado por él mismo bajo el asiento del conductor "con la intención de acabar con la vida del comandante, así como de cualesquiera personas que se introdujeran en el vehículo o estuvieran en sus proximidades", señala el fiscal.

Cinco minutos después de arrancar y tras circular unos 300 metros, el coche, ocupado por el comandante y su hija, explotó cuando se encontraba detenido en un semáforo situado en la calle Ramón y Cajal, a la altura de la confluencia de las calles Renueva y Abadía. El militar, de 44 años, murió en el acto y su hija resultó gravemente herida, al igual que otras personas que transitaban en ese momento por el lugar de los hechos.

Esta causa se reabrió en octubre de 2015 a instancias de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, después de una de las revisiones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado realizan periódicamente para esclarecer los atentados de ETA que se encuentran sin resolver.

La Guardia Civil señaló en un oficio remitido a la Audiencia Nacional que en el registro del domicilio de Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) alquilado por Polo Escobes se encontraron "numerosas evidencias, documentos y efectos" que podrían ser útiles para la resolución del caso.

En concreto, en el piso se encontraron materiales para fabricar bombas-lapa, documentación manuscrita del etarra en la que figuraban trayectos entre San Sebastián y León en autobús y tren, explosivos compatibles con los utilizados en este atentado y destornilladores manipulados en la forma indicada en los manuales de ETA.

Por otro lado, el entonces juez instructor Juan Pablo González apuntó que 'Anboto' fue la que dio la orden al acusado de asesinar al comandante Cortizo tal y como se deduce de una carta suya enviada a 'Lur'. Los investigadores sospechan que 'Lur' no era el nombre de un 'comando' sino el apodo de Polo Escobes.