El fiscal mantiene las penas por el 'chiringuito financiero' y ve a Unicaja responsable civil subsidiario

Esa es una de las conclusiones que el ministerio fiscal ha presentado en una de las últimas sesiones del juicio que se inició el pasado 3 de febrero en la Audiencia Provincial de León.

Las partes han elevado durante la jornada sus calificaciones previas a definitivas, modificando las cuantías a pagar por parte de los acusados y apuntando el cambio de nombre de la que fiscalía y acusación entienden como responsable civil subsidiaria, pasando de Caja España a Unicaja Banco.

El fiscal ha entendido que los hechos enjuiciados, que afectan a 139 personas con una cuantía estafada que supera los 6,4 millones de euros entre 2002 y 2011, han quedado «plenamente acreditados» y que «sin duda» la acusada recibió cantidades de los denunciantes a quienes ofrecía alta rentabilidad con inversiones exclusivas destinadas a altos cargos de la entidad bancaria. «Ella asegura que se lo pedían sus jefes y que lo llevaban a paraísos fiscales y que ella no se quedó con esas cantidades, solo con los restos por captar clientes. No ha existido ninguna de esas pruebas y es contundente que la acusada, tras convencer a sus allegados, se aprovechaba de la confianza para lograr el dinero», ha matizado el fiscal en la sala. Un dinero que disponía para sus propios gastos y que por mantener el engaño «a unos se lo devolvía y a otros no» y a la vez debía captar nuevos 'clientes' para mantener el 'chiringuito'.

Tampoco se aprecia conspiración entre los afectados para perjudicar a los acusados y no ha quedado probado que ella depositara el dinero en algún fondo, según la fiscalía. «Están plenamente probados los hechos, que lo hizo sin ser dirigida por ninguna otra parte y que fue asesorada por su marido».

Por todo ello, el ministerio ha mantenido las penas de prisión que solicita para ambos por un delito de estafa continuada y agravada por las cuantías y otro de falsedad en documento mercantil. Se entiende que hubo engaño, simulación, falsa promesa, se ofrecieron todas las garantías, existió ánimo de lucro acreditado y desplazamiento patrimonial a causa de engaño. «Los únicos beneficiados han sido los acusados», se argumenta, y todo por un «abuso de relaciones personales».

Para María Consolación S.V. se solicitan un total de nueve años, once meses y 29 días de prisión, así como multa de 25 meses y 25 días a razón de diez euros.

Del mismo modo, la fiscalía entiende que su marido fue cómplice de ambos delitos. «Es evidente la cooperación, aunque no sea autor. Él contribuyó con su actuación». Por ello reclama un año, diez meses y 29 días de prisión, así como 13 meses y 29 días de multa para el otro acusado. A ello suma la condena al hijo de la pareja, a título lucrativo, a quien exige indemnizar a las víctimas por el valor de todos los bienes adquiridos -vivienda, coches y una cuenta con dinero-.

Del mismo modo, en la lectura del informe definitivo, el ministerio considera responsable civil subsidiario a Caja España -ahora Unicaja Banco- ya que la presunta estafadora ejecutó su plan siendo trabajadora de la entidad y bajo los servicios de la misma. El fiscal asegura que la mayoría de entregas de dinero se realizaron en las propias dependencias de Caja España -tanto en el Portillo como en Armunia- y las visitas a la oficina central solo se podían hacer bajo autorización de la caja, quien no controló dichos accesos. El abogado de Unicaja Banco ha rechazado dicha petición.

Mientras, la defensa de la familia insiste en la libre absolución de los tres por considerar que su actuación se vio motivado por las presiones de los altos cargos de la compañía.