El drama de Karla, Miche y sus cinco hijos: 20 días sin techo para dormir

Karla, su marido y sus cinco hijos acumulan veinte días sin un hogar donde dormir. «Parques, portales, estaciones», afirman que han sido algunos de los acomodos de esta familia peruana llegada a España entre marzo y agosto del 2019. Su llegada se debió, según relata esta ciudadana, porque «pedí protección internacional debido a que en mi país, sufría maltratos y violencia de género».

La penúltima noche han podido dormir en un casa en Carrizo de la Ribera pero se mantienen sin un domicilio estable tras pasar por un rosario de peticiones a distintas administraciones con cuatro menores de uno, cuatro, seis y diez años y «arrastrando 13 maletas a cuestas». El hijo mayor ya es mayor de edad tras cumplir los 18 años.

El termómetro marca cuatro grados en el municipio, son las nueve de la noche y, en ese instante, desconocía si podrían dormir bajo techo. «Esto es muy duro, llegado a poner un cartel en mi equipaje pidiendo no dinero, sino un hogar», afirma Karla.

Las administraciones ofrecen algunas soluciones pero pasan porque los cuatro menores duerman separados de sus progenitores pero «el miedo, el temor a no recuperarlos» supera a su madre.

«Tratamos de lidiar con los servicios sociales, la única solución que nos ofrecían era la guardia de custodia, querían arrebatarme a mis hijos y los papeles para recuperarlos son enormes», afirman.

«Me siento demasiado mal, como si estuviese huyendo de algo, veo la luz de la policía y tengo miedo de que me quiten a los niños», apunta Karla.

Por el momento, «por la mañana están en la escuela», señala la madre de los niños, que añade que su escolarización es la principal condición establecida por los servicios sociales para que puedan mantenerlos.

Su llegada a España, según el testimonio de la madre de los niños, se produce en marzo de 2019. Karla y su hijo mayor llegan a Madrid y solicitan la condición de refugiado. Un trámite que afirman puede tardar en procesarse unos 18 meses por lo que, de manera cautelar, el Ministerio de Interior destina a los afectados a diferentes puntos del país.

Esta familia, ya reunificada al completo tras la llegada de Miche, su marido, y sus otros tres hijos - la pequeña, de sólo un año, nació ya en España -, fue destinada a León.

Allí relatan que vivieron unos seis meses gracias a la labor de la ONG Diaconía que les habilitó una vivienda en la capital de provincia. De allí pasaron a Cimanes del Téjar «a través de un programa de repoblación», relata Karla.

Hasta finales de agosto de este año han residido en este municipio a 26 kilómetros de León. Afirman que su llegada tenía como propósito «salvar el colegio rural» gracias a la incorporación de sus hijos al centro educativo.

«No contaban con que no iban a renovar ese convenio», señala decepcionada Karla, que denuncia que, una vez llegaron mediante otros alumnos al mínimo para mantener el centro, decidieron no renovar el programa que les mantenía en la vivienda.

En estos 20 días sin acomodo, señalan que han llamado a las puertas del «Ayuntamiento de León, la Diputación, la Cruz Roja y la Junta de Castilla y León». Afirman que es la administración autonómica la que puede tener la a esta problemática.

«Busco la forma de que fomento me de una vivienda social porque he hablado con la Junta, sé que tienen casas en Castilla y León, me dicen que servicios sociales tiene que dar la plaza libre, lo ideal es que nos ayuden con una vivienda temporal para que estemos seguros y empezar la búsqueda de empleo», apunta Karla, que señala que tanto ella y su marido ya cuentan con permiso de trabajo gracias a que su hija pequeña cuenta con DNI.

Tras todo un vaivén de peticiones y búsquedas de acomodos, esperan encontrar lo antes posible una salida que les permita encontrar una solución habitacional sin renunciar a la tutela de sus hijos menores.

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