La falta de acuerdo con los Letrados de la Administración bloquea los Juzgados de León con 10.000 notificaciones paradas

«La reunión ha transcurrido sin ningún avance, prácticamente salimos igual que entramos (...), las posturas siguen estando igual de alejadas que al principio«, ha dicho a la prensa Luis Toribio, del comité de huelga y vicepresidente del Ilustre Colegio Nacional de Letrados, una de las asociaciones convocantes, a su salida del Ministerio de Justicia.

Según ha explicado, durante las dos horas y media que ha durado la reunión, el comité de huelga ha presentado su «contraoferta» al Ministerio, que en un primer análisis ya les ha avanzado que no parecía aceptable, si bien se ha comprometido a estudiarlo «tranquilamente» para dar una respuesta este martes y, en su caso, ofrecer alternativas.

Toribio ha asegurado que el comité de huelga ha variado en algo su postura inicial, reprochando a Justicia que no haya hecho lo mismo. Así, de cara a la cuarta reunión ha indicado que confían en que «el Ministerio pueda ofertar algo que sea aceptable» para los LAJ.

En el caso de la provincia de León la huelga deja, a juicio de uno de los colectivos más afectados, los procuradores, un panorama «desolador».

En los Juzgados de la provincia y con un seguimiento superior al 60% el impacto de la huelga se está apreciando con un enorme embudo del que se tardará «un año en solir». Según sus estimaciones son cerca de 10.000 las notificaciones pendientes de tramitar.

En la vía Civil hay más de 3.000 autos, sentencias o diligencias que no se han tramitado. Otros 3.000 procedimientos de ejecución también se suman en esta jurisdicción.

Y no son los únicos datos que impresionan. En la jurisdicción del Contencioso hay 1.500 notificaciones a la espera de rúbrica, el mismo número que se suma en Laboral.

La menos afectada, se recuerda desde el cuerpo de procuradores, se encuentra en la vía Penal donde los servicios mínimos se concentran por la mayor gravedad de los pleitos que allí se dirimen. Con todo, «se trata de unos servicios mínimos que funcionan de aquella manera».

En cuanto al tono de la reunión de este lunes, en la que han participado el secretario de Estado de Justicia, Tontxu Rodríguez, y el secretario general, Manuel Olmedo, el comité de huelga ha afirmado que ha sido «constructivo».

«El problema es que no se avanza en el fondo», ha aclarado Juan José Yáñez, de la Unión Progresista de Secretarios Judiciales (UPSJ), anticipando de cara a este martes que los LAJ van a volver a sentarse a la mesa de negociaciones con «ánimo constructivo».

Desde el comité de huelga han rehusado revelar el contenido específico de las negociaciones con el objetivo de favorecer un resultado que permita acabar con una huelga que dura ya más de un mes y deja unas 223.000 vistas suspendidas y 800 millones de euros bloqueados en cuentas judiciales, según cálculos de los convocantes.

Desde que empezó el parón indefinido, los LAJ y el Ministerio se han reunido en dos ocasiones. La primera tuvo lugar el jueves 16 de febrero. Entonces, estuvieron más de 15 horas en Justicia y terminaron sin acuerdo y con reproches mutuos entre las partes por mantener posturas inamovibles.

La segunda reunión fue el pasado viernes, y aunque esa vez también se sentaron y se levantaron de la mesa sin acuerdo --y en el plazo de hora y media que tenían previsto--, consiguieron fijar la cita de este lunes en el calendario para continuar con la negociación.

Fue en esa segunda reunión cuando el Ministerio les trasladó un documento que, «en una valoración preliminar», los LAJ consideraron que podía «servir para el inicio de la negociación», según apuntó Toribio.

Llop, por su parte, al ser preguntada el pasado viernes por las reivindicaciones del comité de huelga, destacó las medidas adoptadas por el Ministerio para mejorar las condiciones salariales de los LAJ. Definió a los LAJ como «trabajadores esenciales», si bien matizó que «no está la justicia paralizada», porque actualmente «sigue funcionando» con algunas paralizaciones puntuales por la huelga.

Además, la ministra recordó la petición que ya había hecho en ocasiones anteriores a los Letrados de la Administración de Justicia: «No se coloquen en posturas maximalistas». El conflicto tiene su origen en «la falta de adecuación salarial a las mayores funciones y responsabilidades atribuidas por la Ley 13/2009, descargadas a los jueces, e incrementadas en sucesivas reformas», en especial la de 2015, lo que --denuncian-- ha provocado un «insoportable desequilibrio».

Los convocantes señalan como «detonante» del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales «sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021».