La exjefa de ETA 'Anboto' afronta este miércoles el juicio por el asesinato en León de Cortizo

En concreto, en este primer juicio Iparragirre se sentará en el banquillo por el asesinato del comandante del Ejército del Tierra Luciano Cortizo por la colocación de una bomba en su coche el 22 de diciembre de 1995 en León.

Las acusaciones --Fiscalía, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como acusación popular y la familia como acusación particular-- piden para ella 122 años de cárcel al situarla como la dirigente de la organización terrorista que habría dado la orden expresa de atentar contra Cortizo, al haber asumido un año antes del crimen la dirección de los comandos 'legales' de la banda a los que daba las instrucciones concretas respecto a los objetivos.

Según el escrito de Fiscalía, Iparragirre tras formar parte de diversos comandos, en el 93 comenzó a desempeñar labores de responsabilidad en el Aparato Militar en Francia, labores de control y coordinación de comandos 'legales' de ETA como lugarteniente de Pedro José Picabea 'Larrún'. Cuando éste es detenido en el 94, ella ocupa su puesto hasta 1998.

Ya en el 94, dos años después de la captura de la cúpula de la banda en Bidart (Francia), 'Anboto' pasa a ser jefa de los comandos 'legales' y se encarga por lo tanto de transmitir a los mismos órdenes sobre objetivos y como atentar contra ellos, además de facilitarles material como explosivos y armas.

Según los escritos de acusación, 'Anboto', que ahora tiene 59 años, entregó días antes del atentado al también etarra Sergio Polo, alias 'Lur' --condenado por estos hechos a 110 años de cárcel--, material explosivo y éste elaboró el artefacto, una bomba 'lapa' formada con una carga explosiva de entre 1.200 y 2.000 gramos de cloratita. La Fiscalía subraya que la jefa de ETA le dio la orden expresa de asesinarlo.

En los días previos al asesinato, Polo se trasladó desde San Sebastián a León, utilizando transporte público, y vigiló al comandante para conocer su desplazamientos en coche. La tarde del 21 de diciembre, colocó la carga explosiva bajo el asiento del conductor del vehículo de Cortizo.

Al día siguiente, el comandante y su hija de 18 años se montaron en el coche y cinco minutos después, tras recorrer 300 metros, explotó el artefacto. El primero falleció, la joven resultó gravemente herida y otras tres personas que en ese momento pasaban por la zona también sufrieron lesiones de diversa consideración, según los escritos consultados por Europa Press.

Dos meses después, los investigadores registraron el piso de Sergio Polo en Pasajes de San Pedro (Guipúzcoa) e intervinieron una comunicación orgánica firmada por 'Anboto' y dirigida a él cuya fecha de redacción no se conoce de forma exacta, pero que se calcula entre los meses de noviembre y diciembre de 1995.

También hallaron una pistola FN Browning Modelo G35 con numero de serie borrado, cinco artefactos explosivos ya elaborados integrados por recipientes tupperware de plástico, explosivo amonal, detonadores, sustancias usadas por ETA en sus artefactos explosivos, dispositivos de iniciación, y un documento titulado 'TUPPER explosivo' confeccionado a ordenador y redactado en castellano con detalles sobre fabricación y colocación de explosivos, entre otros materiales.

Tanto la Fiscalía como las acusaciones popular y particular --cuya representación también ejerce la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara-- acusan a Iparragirre de un delito de asesinato terrorista contra un miembro de las Fuerzas Armadas por el que solicitan 30 años de cárcel, cuatro delitos de asesinato frustrados por los que piden por cada uno 20 años, y un delito de tenencia de explosivos por el que interesa una pena de 12 años.

También proponen al tribunal que se prohíba a la exjefa de ETA viajar a la ciudad de León o aproximarse a las víctimas del atentado o sus familiares durante un periodo de 10 años desde su excarcelación, así como indemnizaciones a los familiares de Cortizo y a los heridos.

El juicio por el asesinato de Luciano Cortizo es sólo el primero de una larga lista de causas pendientes de la histórica etarra en España y que incluyen desde asesinatos a instrucciones para atentar o entregas de armamento. Además del atentado contra el comandante, está procesada por el crimen de dos agentes en Vitoria el 6 de agosto de 1987 o el del cartero Estanislao Galíndez en 1985.

También se le relaciona con las instrucciones para atentar contra el Rey Juan Carlos en la inauguración del Museo Guggenheim de Bilbao o por facilitar armamento para una acción criminal contra la oficina del DNI de esta misma ciudad el 13 de enero de 1995, causando la muerte de una persona y dejando herida grave a otra.

En mayo de 2018, y mientras estaba presa en Francia, fue una de los dos terroristas que puso voz al vídeo en el que ETA anunció su disolución definitiva. El otro terrorista fue Josu Urrutikoetxea, alias 'Josu Ternera', quien fue arrestado en Francia el año pasado y también está reclamado por la Audiencia Nacional.