Las exigencias judiciales en León: un juzgado de violencia sobre la Mujer, uno de lo Social y un magistrado en la Audiencia

Concepción, además, ha asegurado que la creación de órganos judiciales en 2019 fue «insuficiente a todas luces» para paliar las necesidades del territorio. Lo hizo durante la presentación en el Palacio de Justicia de la memoria del Alto Tribunal durante 2019.

En este sentido, resaltó que la estadística refleja la «elevada» carga de trabajo que soportan los jueces y magistrados, «superior a la deseable si se quiere una justicia eficaz, ágil y eficiente», dijo. Sin embargo, según Concepción, el Ministerio de Justicia «apenas atendió en 2019 las reclamaciones de creación de nuevos órganos judiciales que venían realizándose».

Así, según relató, el año pasado, en total, se crearon 75 unidades judiciales en toda España, de las que solo tres correspondieron a Castilla y León. Se trata de una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial de Salamanca, el Juzgado de lo Penal 2 de Segovia, y el Juzgado de lo Social 5 de Valladolid.

«Se trata de algo insuficiente a todas luces para paliar nuestras necesidades», subrayó Concepción, quien anunció que «este año el panorama respecto a la creación de nuevas plazas no es mucho más halagüeño» ya que según acaba de comunicarles el Ministerio, dijo, «se implantarán 23 unidades judiciales para todo el territorio nacional, de las que corresponderán una o dos a Castilla y León».

Y es que de acuerdo con el informe emitido por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior, es necesario crear las siguientes plazas judiciales en Castilla y León: en las Audiencias Provinciales, un magistrado en la Audiencia de Ávila y otro en la Sección Penal de la Audiencia de León. En cuanto a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción, un Juzgado en el Partido Judicial de Palencia; otro en Aranda de Duero y un tercero en el de Miranda de Ebro.

Por lo que respecta a los Juzgados de Familia, un Juzgado en el Partido judicial de Burgos, otro en el Partido Judicial de Salamanca y otro en el de Valladolid. Además, es necesario crear un Juzgado de lo Penal en el Partido judicial de Salamanca, un Juzgado de Violencia sobre la Mujer en el Partido Judicial de León, un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el Partido Judicial de Ponferrada, y cuatro Juzgados de lo Social en Burgos, en León, en Segovia y en Valladolid.

En este sentido, el presidente del Alto Tribunal negó la posibilidad de que el Ministerio de Justicia pueda cambiar la previsión de creación de órganos antes de arrancar en septiembre el año judicial porque, según expuso, «ya ha anunciado cuando suele ser menester a mediados de año porque la entrada en funcionamiento se producirá el 29 de diciembre con el motivo de la finalización del año y la creación suele hacerse en el mes de septiembre en el Boletín Oficial del Estado (BOE)». «Es muy difícil ya que en estos últimos días dé su brazo a torcer después de haber anunciado con tanta contundencia la parquedad de sus medidas», apostilló, al tempo que añadió un «ojalá».

Por otro lado, el presidente del TSJCyL cree que para que el juez pueda prestar a la sociedad un servicio público de calidad hay que solventar las disfunciones del expediente digital. Así, quiso poner de manifiesto una vez más que «Valladolid y Segovia necesitan contar con sedes judiciales acordes al siglo XXI». Como es preciso además, «solventar con rapidez las disfunciones existentes en el expediente digital para que el juez pueda prestar a la sociedad un servicio público de calidad».

Los asuntos ingresados en los órganos judiciales de Castilla y León en 2019 se incrementaron en 1.257 con respecto al año anterior (275.990) hasta los 277.247 asuntos, según se desprende de la memoria judicial correspondiente al pasado ejercicio que fue presentada hoy por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción. Los datos reflejan que aumentó el volumen en el registro de asuntos pero también lo hizo el índice de resolución.

Dicho incremento se notó especialmente en el orden jurisdiccional civil en el que aumentaron los asuntos en 2.437, siendo muy ligero el aumento en el orden social con 245 asuntos más. En el orden penal hubo un pequeño descenso cifrado en 710 asuntos y en el orden contencioso administrativo, igualmente un leve descenso de 715 asuntos.

Por órdenes jurisdiccionales, desglosó que en el orden civil, mientras que en el año 2018 se registraron 112.088 asuntos durante el pasado 2019 ingresaron 114.525 asuntos. En el orden contencioso, frente a los 8.881 asuntos registrados en 2018, ingresaron en 2019 8.166 procedimientos. Y en el social, frente a los 20.809 asuntos de 2018, se registraron 21.054 en 2019.

Por el contrario, en el orden penal, mientras que en 2018 se registraron 134.212 asuntos, el pasado año ingresaron 133.502. Ello se debe, apuntó, «a la tónica iniciada con motivo de la entrada en vigor de la reforma de la LECrim que evita remitir los atestados sin autor conocido a los Juzgados, que antes eran sobreseídos en sede judicial y que aumentaban significativamente el volumen de lo registrado».

De igual modo, agregó, el número de asuntos en trámite en los tribunales aumentó ligeramente en relación con los que existían al finalizar el pasado ejercicio. «Si entonces hablábamos de 104.120, al finalizar 2019 existían 107.401; existen 3.281 asuntos en trámite más que al finalizar el pasado ejercicio», señaló. El nivel de resolución, indicó Concepción, también experimentó una ligera variación determinada por las necesidades. Durante 2018 los Juzgados y Tribunales de Castilla y León resolvieron 273.205 asuntos, 8.571 más que en 2018.

Por lo que se refiere al número de sentencias dictadas por los jueces y magistrados que sirven en Castilla y León, el total asciende en el año 2019 a 83.824 (7.646 más que el pasado año), lo que supone una media por órgano judicial de 356,70 sentencias (frente a las 324,16 del pasado año). En cuanto a otras resoluciones que dictaron los jueces y magistrados se encuentran los 119.423 autos frente a los 118.397 del pasado año. «En definitiva, no solo ha aumentado el volumen en el registro de asuntos, sino que el índice de resolución también ha aumentado», enfatizó.