Entran en vigor las zonas de bajas emisiones que afectan al 40% de los vehículos de León y Ponferrada

Alrededor de 150 municipios españoles, en los que en total viven unas 25 millones de personas y alrededor del 53% de la población nacional (según cálculos de distintas organizaciones), son los que deberán implementar ZBE, lo cual implica medidas como restringir el acceso a determinados vehículos a esas zonas, fomentar el transporte colectivo y los puntos de recarga de vehículos eléctricos, entre otras cuestiones.

Las estimaciones de diferentes organizaciones del sector del automóvil apuntan que la implantación de estas medidas afectará a casi cuatro millones de vehículos sin etiqueta medioambiental de los en torno a 11,5 millones de coches que circulan en las ciudades españolas en obligación de tener una ZBE en 2023.

Sin embargo, si bien los municipios afectados tienen que delimitar esas zonas, en la gran mayoría de los ayuntamientos la regulación local que dictaminará el funcionamiento específico de las mismas todavía no está definido, lo que supone que en la práctica no habrá un cambio drástico para los conductores de un día para otro.

De hecho, la semana pasada la Asociación Nacional Empresarial de Vehículos de Alquiler (Aneval) advirtió de que solo alrededor de 20 de los ayuntamientos obligados (en torno al 13%) han «iniciado la presentación de sus medidas», por lo que han urgido a los consistorios a que publiquen las normativas lo antes posible.

También apremió a la Dirección General de Tráfico para que se ponga en marcha «lo antes posible» la plataforma en la que está trabajando y que deberá recoger en abierto todas las ordenanzas municipales de las zonas de bajas emisiones.

Esta plataforma de la DGT debería facilitar, por ejemplo, que los servicios utilizados como GPS por parte de los conductores puedan advertir de las restricciones vigentes.

En el último Consejo de Ministros celebrado este año se aprobó el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones y en él se establecen los requisitos mínimos homogéneos que tendrán que cumplir los municipios afectados.

Así, las ZBE podrán establecer medidas de carácter continuo o temporal como restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente.

Con respecto a los objetivos de mitigación del cambio climático, el Real Decreto señala que los municipios tendrán que definir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 y que sean coherentes con el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para la reducción del uso del vehículo privado de motor frente al resto de modos de transporte.

En caso de que se cumpla con los límites de contaminación, la norma permite el acceso excepcional de vehículos contaminantes por razones justificadas, como por ejemplo los que prestan servicios públicos básicos, entre otros, servicios de emergencias o recogida de basuras.

Por otro lado, también hay estimaciones que indican que el 5% de las compras de vehículos en España ya está motivada por la entrada en vigor de las ZBE en 2023.

Esta cifra sigue siendo más baja que el porcentaje de clientes que adquieren un vehículo por necesidad (80%), y cercana a aquellos que compran un coche por aspiración o «capricho», siendo estos el 15% del mercado, una cifra menor a años anteriores por el efecto inflacionario.

Según un análisis de Sumauto elaborado a finales del pasado octubre, Canarias registra el porcentaje más alto de coches sin etiqueta en España. De hecho, las ciudades canarias de Santa Cruz de Tenerife (44,1%), Arrecife (43,7%), San Cristóbal de La Laguna (43,4%) y Arona (41,7%), son las urbes con un mayor porcentaje de vehículos sin distintivo medioambiental.

Le siguen la ciudad gallega de Ourense (41,7%), y las leonesas de Ponferrada y León, ambas con un 39,6% de coches en esa situación. En el polo opuesto se encuentran Alcobendas (9,9%), Boadilla del Monte (11,6%) y Rivas Vaciamadrid (18,3%), localizadas todas ellas en la Comunidad de Madrid.